Un nuevo episodio de violencia contra un vigilante de seguridad ha tenido lugar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde un trabajador de la empresa Ilunion Seguridad fue brutalmente agredido mientras intentaba restablecer el orden en el acceso a la UCI. El incidente se produjo cuando el vigilante pidió a un grupo de unas veinte personas que abandonaran la zona, conforme al protocolo de visitas. La negativa de varios individuos desembocó en una agresión violenta, que solo pudo ser contenida con la intervención de la Policía. El trabajador tuvo que recibir atención médica y ha presentado una denuncia por los hechos.
El sindicato CSIF, con representación en la empresa, ha vuelto a denunciar la "vulnerabilidad legal" de los profesionales de la seguridad privada, señalando que el suceso evidencia la falta de protección jurídica y la ausencia de voluntad política para erradicar este tipo de situaciones. “Los trabajadores están desamparados ante situaciones que se repiten sin respuesta contundente”, lamentan desde la central sindical.
CSIF subraya que no se trata de un caso aislado. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 1.500 agresiones a vigilantes de seguridad, lo que representa un incremento del 25% respecto al año anterior. Desde 2013, el número de ataques ha seguido una tendencia ascendente, pasando de 439 incidentes a más de 1.600 estimados para 2025, con especial incidencia en entornos hospitalarios y administrativos.
El sindicato señala que, a día de hoy, se produce una agresión cada siete horas en el sector de la seguridad privada. A pesar de esta preocupante frecuencia, los vigilantes no cuentan con la protección reforzada que ampara legalmente a otros colectivos como sanitarios o docentes. Las consecuencias, apuntan, van desde amenazas e insultos hasta lesiones graves.
Un marco legal sin desarrollar tras nueve años
Uno de los principales focos de crítica es la ausencia de un reglamento actualizado que desarrolle la Ley de Seguridad Privada, aprobada hace más de nueve años. El sector sigue operando bajo una normativa considerada obsoleta e incompleta, lo que agrava la situación de indefensión. “No se puede combatir la violencia con una ley a medio hacer”, denuncia CSIF.
Este vacío legal, además, frena el desarrollo profesional del sector: limita la inversión en tecnología, complica la formación especializada y deja a los profesionales más expuestos a situaciones de riesgo. Desde el sindicato, señalan que esta situación se debe a una mezcla de falta de voluntad política y presiones administrativas que impiden dar un paso adelante en la mejora del sector.
El sector reclama una respuesta política urgente
Tanto CSIF como otras organizaciones del ámbito de la seguridad privada reclaman una reforma legal integral, que incluya un tipo penal específico para las agresiones a vigilantes, un reglamento actualizado y mejoras en sus condiciones laborales, equipamiento y formación. Consideran que estas medidas son indispensables para garantizar una labor segura y efectiva.
“La agresión en el Virgen del Rocío no es un hecho puntual, sino el reflejo de un problema estructural que no puede seguir ignorándose”, afirma el sindicato. Desde el colectivo insisten en que, mientras no se actúe con firmeza, los vigilantes seguirán trabajando en condiciones de alto riesgo sin el reconocimiento ni la protección que su labor merece.