Los técnicos de Aranzadi, empresa adjudicataria de los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos de la fosa común de Pico Reja en el cementerio de San Fernando impulsados por el Ayuntamiento de Sevilla, han informado a los miembros del Consejo Municipal de la Memoria Democrática que existen ya "pruebas científicas", además de las históricas y documentales, que "certifican" que "al menos, una treintena de las personas de la Columna Minera de Huelva represaliadas durante el golpe de Estado de Franco se encuentran en esta fosa común".
Así lo ha reflejado el Ayuntamiento en una nota de prensa en la que ha recordado que las investigaciones históricas, especialmente de Pedro Díaz Arriaza, hablaban de varias decenas de personas fusiladas que entraron en el Cementerio de San Fernando en los últimos días de agosto de 1936 como parte integrante de la columna formada por mineros de Huelva, a la que se sumaron otras personas en su recorrido, para intentar recuperar la ciudad de Sevilla en poder de los golpistas.
En la población de Camas fueron traicionados por la Guardia Civil que les acompañaba, y allí mismo comenzaron los asesinatos. Los supervivientes fueron fusilados, posteriormente, en diversas zonas de la ciudad y el día 31 de agosto se registraron numerosas partidas en blanco que corresponderían a los mineros fusilados, hasta un total de 83 hombres.
Los trabajos arqueológicos en Pico Reja, las características de algunos de estos enterramientos (cuerpos sin ataúd, agrupados y boca abajo) y las evidencias de que habían sido represaliados (tiro en la nuca, impactos de proyectiles, signos de haber sido atados, fracturas perimortem) permitieron al equipo técnico de Aranzadi esbozar la hipótesis de que pudiera tratarse de miembros de la Columna Minera.
Estas personas durante toda su vida trabajaron en las minas, bebieron, respiraron y comieron en su entorno sin las medidas de seguridad actuales, de modo que se comenzó a trabajar con la hipótesis de que pudiera existir una transferencia de metales pesados de la comarca de procedencia (la cuenca minera de Riotinto y localidades como Nerva) hacia los organismos. Las pruebas analíticas realizadas en la Universidad de Santiago de Compostela sobre los restos óseos "así lo han corroborado".
"El hallazgo es extraordinario, histórico, porque viene a arrojar luz sobre uno de los episodios más trágicos de Sevilla y la cuenca minera de Huelva durante el Golpe de Estado", según ha considerado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien ha presidido la reunión de la asamblea ordinaria del Consejo Municipal de la Memoria Democrática, que se ha celebrado in situ en la fosa de Pico Reja, y a la que también ha asistido el alcalde de la localidad de Nerva, José Antonio Ayala.
"Es un momento muy importante para Nerva y compartiré esta información con todos los nervenses y los familiares de las personas represaliadas", ha dicho Ayala. En esta fosa común están depositados más cuerpos de no represaliados de los que se preveía, de ahí que se complique la separación entre unos y otros en unos trabajos de exhumación que, coordinados desde la Oficina Municipal de la Memoria Histórica se iniciaron a principios de 2020 con 1,21 millones de euros cofinanciados por el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
Así, a 30 de abril de 2022 se habían localizado 1.095 restos de personas con evidentes indicios de haber sido represaliadas, otras 2.229 personas estaban inhumadas en ataúdes, 1.547, en desconexión anatómica y había 165 restos aislados. Por tanto, son ya 5.036 cuerpos, de ellos 4.944 exhumados. Además de ser la primera fosa común cuya exhumación se acomete en la ciudad de Sevilla, Pico Reja es también la de mayor envergadura que se afronta en el conjunto del país, con 671,34 metros de longitud (66 más de la dimensión inicialmente barajada por los historiadores) y una profundidad aproximada de cuatro metros.
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