La Audiencia de Sevilla ha decretado el embargo de 1.300 euros de la cuenta de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de Marta del Castillo. La medida se adopta tras el traslado del interno a la prisión Málaga II, en Archidona, después de que en su celda de Herrera de la Mancha se le intervinieran aparatos electrónicos que utilizaba para comunicarse con el exterior.
Carcaño fue sentenciado en 2012 a abonar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil –140.000 euros para cada progenitor de la víctima y 30.000 euros para cada una de sus dos hermanas–, pero hasta la fecha no había entregado ninguna cantidad. Con esta decisión judicial se busca garantizar el cumplimiento de la indemnización pendiente, tras más de una década de impagos.
Retención de ingresos y límite mensual para gastos personales
Según ha publicado Diario de Sevilla, el tribunal ha dictado que se retengan tanto el salario como cualquier otro ingreso que el recluso perciba en prisión, con la excepción de una asignación mensual de 200 euros destinada a cubrir sus gastos personales. El argumento de la Audiencia sostiene que los internos tienen sus necesidades básicas cubiertas por el sistema penitenciario, lo que equivale a percibir en especie el salario mínimo interprofesional.
Carcaño recibía un sueldo de 644 euros por su trabajo en la panadería del centro penitenciario. La decisión judicial establece que, de esa cantidad, solo podrá disponer de 200 euros, mientras que el resto se destinará directamente a la indemnización que debe a la familia de Marta del Castillo.
El condenado ofreció en su diá abonar 20 euros al mes como plan de pago, una propuesta que hubiera supuesto más de 1.400 años para saldar la deuda de responsabilidad civil. Hasta ahora no había efectuado ingreso alguno, lo que ha llevado al tribunal a adoptar medidas más contundentes para garantizar que la familia de la víctima reciba al menos parte de la indemnización fijada.
Con esta resolución, se abre un nuevo capítulo en un caso que sigue generando gran impacto social. El embargo de los ingresos penitenciarios busca corregir una situación de incumplimiento que se arrastra desde hace más de diez años y que mantiene en el centro del debate el derecho de las víctimas a una reparación económica efectiva.