La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al exalcalde de Burguillos, el socialista José Juan López, a dos años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Una condena relacionada con la gestión de Burguillos Natural, en una localidad, Burguillos, que ha acabado con mucha parte de su patrimonio en manos de fondos buitre debido a la imposibilidad de afrontar la deuda generada. López ya fue en el pasado por delitos urbanísticos.
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se produce tras determinarse que el exregidor destinó a otros fines una subvención de 215.845,40 euros otorgada por la Junta de Andalucía para la adquisición de mobiliario destinado a un centro multifuncional y una sala de usos múltiples en la localidad.
El tribunal ha absuelto a la exalcaldesa de Burguillos, Mariana Pérez, de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con otra subvención destinada a la construcción de una guardería municipal. En la resolución judicial se indica que no se ha alcanzado la convicción suficiente sobre su responsabilidad penal, destacándose que no intervino en la solicitud ni en la aceptación de la subvención.
La pena impuesta a José Juan López incluye, además de la prisión, el pago de una multa de 900 euros y una inhabilitación especial de cuatro años para el ejercicio de empleo o cargo público en la administración local. La Audiencia ha considerado esta sanción debido a la gravedad de las conductas delictivas probadas.
La resolución también impone la obligación de indemnizar con 247.873,40 euros a la entidad suministradora del mobiliario, con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Burguillos. El tribunal ha acreditado que, en 2007, el entonces alcalde solicitó una subvención a la Junta de Andalucía con el propósito de adquirir mobiliario para un centro multifuncional. La petición se realizó en virtud de una orden autonómica que regulaba estas ayudas dentro del plan de cooperación municipal.
A la espera de la concesión de la ayuda, el exalcalde emitió un decreto municipal mediante el cual encargó a la empresa municipal Burguillos Natural S.L. la adquisición del mobiliario, condicionado a la existencia de la consignación presupuestaria. La Junta de Andalucía aprobó la subvención en julio de 2007 y estableció un plan de pago dividido entre los ejercicios de 2007 y 2008.
La sentencia recoge que el entonces alcalde aceptó los términos de la ayuda y firmó un convenio de colaboración en noviembre de 2007, estableciendo un plazo de seis meses para la adquisición del mobiliario y un sistema de justificación de los fondos basado en la presentación de documentos contables. Sin embargo, el tribunal ha determinado que los fondos recibidos por el Ayuntamiento no fueron contabilizados de forma específica ni transferidos a Burguillos Natural para la compra del mobiliario. En su lugar, fueron utilizados para otros fines no precisados.
A pesar de que la empresa suministradora entregó el mobiliario y emitió las facturas correspondientes entre enero y agosto de 2007, el pago de las mismas nunca se realizó. Posteriormente, el alcalde participó en la emisión de una factura en la que se consignó que Burguillos Natural había sido el proveedor del mobiliario por un montante de 269.806,75 euros, una afirmación que el tribunal ha considerado falsa, ya que el material fue suministrado por otra empresa que no llegó a recibir el pago.
El exalcalde también dio el visto bueno a una certificación emitida por el interventor municipal en la que se justificaba ante la Junta de Andalucía la aplicación de la subvención según su finalidad, documento que fue remitido en octubre de 2008. Según la Audiencia, esta certificación se basó en información falsa, ya que los fondos no se habían destinado a la adquisición del mobiliario.
El tribunal ha concluido que el exalcalde gestionó la subvención con la intención de desviar los fondos hacia otros fines, incumpliendo la normativa sobre contratación pública. También ha considerado probado que utilizó diferentes maniobras para eludir los controles administrativos y evitar la supervisión de los órganos de contratación y fiscalización.
La resolución judicial destaca que la actuación del condenado ha perjudicado tanto a la empresa que suministró el mobiliario, que aún no ha recibido el pago correspondiente, como a la credibilidad de las instituciones. Además, subraya que, ante la posibilidad de que Burguillos Natural fuera declarada en concurso de acreedores, el exalcalde emitió resoluciones por las que el Ayuntamiento asumía compromisos de pago, a pesar de informes negativos de intervención.
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