La Diputación de Sevilla celebró este jueves su Pleno ordinario, que arrancó con la lectura de dos declaraciones institucionales. Una de ellas estuvo dedicada al Día de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra salud mental”. La otra mostró un respaldo firme al sector del arte Sacro frente a los problemas de intrusismo y competencia desleal.
En relación con la primera declaración, la institución provincial reafirmó su “apoyo y reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias”, comprometiéndose a impulsar acciones que garanticen la accesibilidad universal a los recursos públicos y a fomentar la “humanización de la atención”.
Defensa del arte sacro frente al intrusismo
El Pleno aprobó igualmente una declaración en defensa del arte Sacro sevillano, un sector que da empleo a unas 500 personas y que, además de su dimensión religiosa y cultural, tiene proyección en la alta costura, la decoración y el diseño.
El texto denuncia que el “intrusismo” y la “competencia desleal de mercados extracomunitarios” atentan contra la propiedad intelectual de los artesanos y dañan la integridad de las tradiciones locales. La Diputación se comprometió a proteger jurídicamente el patrimonio del sector, reforzar la colaboración institucional y sensibilizar a la ciudadanía sobre la autenticidad de la producción sevillana.
Aprobación de las cuentas generales de 2024
En el apartado económico, el Pleno dio luz verde a la Cuenta General de 2024, elaborada por la Intervención General, con el apoyo de PSOE, Con Andalucía y Vox, mientras que el PP optó por la abstención.
El documento refleja un resultado presupuestario de 246,67 millones de euros, un remanente de tesorería de 488,12 millones y un nivel de ejecución del 73,14% sobre créditos definitivos. La Diputación cerró el ejercicio con deuda cero y un periodo medio de pago a proveedores de 8,46 días, lo que avala su solvencia financiera.
Nuevos convenios de colaboración
El Pleno también aprobó un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, la Junta de Andalucía y la Diputación para reforzar la labor de la Junta Arbitral Provincial de Consumo, encargada de la resolución de conflictos en esta materia.
Además, se ratificaron acuerdos con la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide para el desarrollo de estudios de investigación en materia de igualdad.
