El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha señalado que la democracia española, con más de cuarenta años desde la Transición, no estará completa mientras queden ciudadanos sin identificar en fosas comunes o cunetas, en relación con el cumplimiento pendiente de la Ley de Memoria Democrática. Estas declaraciones tuvieron lugar durante la firma del Protocolo General de Actuación, que establece un marco de colaboración entre la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación para la exhumación e identificación genética de las víctimas en la Fosa Monumento del Cementerio de San Fernando, siguiendo un modelo similar al empleado en la fosa de Pico Reja.
Fernández ha resaltado que la firma representa no solo un cumplimiento legal, sino también un acto de justicia, reconocimiento y reparación hacia las víctimas y sus familias. Además, ha instado a acelerar los trabajos para que los proyectos puedan iniciarse pronto y los equipos comiencen las exhumaciones, devolviendo dignidad a los sevillanos afectados. La financiación de estas actuaciones se dividirá en partes iguales entre las administraciones firmantes, aunque el Ayuntamiento de Sevilla asumirá el liderazgo en la ejecución, al igual que ocurrió en Pico Reja.
Cuatro administraciones implicadas
El presidente ha valorado positivamente la cooperación entre las cuatro administraciones, subrayando que se ha alcanzado un consenso para evitar disputas sobre los porcentajes de participación y se reconoció que el objetivo va más allá de la exhumación, incluyendo la identificación y entrega de los restos a los familiares. La firma del protocolo ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno en Andalucía y contó con la presencia de altos cargos, entre ellos el secretario de Estado de Memoria Democrática, la consejera de Cultura y Deporte de la Junta y el delegado municipal de Hacienda y Transformación Digital.
Además del protocolo, la Diputación ha anunciado una aportación de un millón de euros destinada a subvencionar a los municipios de la provincia que aún cuentan con fosas sin identificar, con la meta de erradicar esta situación en un plazo de cuatro años. Esta iniciativa forma parte del compromiso institucional para garantizar la identificación y dignificación de las víctimas del franquismo en el territorio provincial.
El protocolo
El protocolo, que había sido aprobado por el Pleno de la Diputación en marzo, se enmarca en los objetivos de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que busca preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista mediante el conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo, la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía establece que la Administración autonómica debe promover la localización, exhumación e identificación de todas las víctimas, impulsando protocolos conjuntos con las entidades locales para dignificar las fosas comunes.
Estoy especialmente contento y satisfecho por la firma junto @Se_MemoDemo, a @AndaluciaJunta y @Ayto_Sevilla del protocolo para la exhumación de la fosa de Monumento, con 2.616 víctimas de la represión franquista.
— Javier Fernández de los Rios (@JFdezdelosRios) June 24, 2025
No es solo el cumplimiento de la ley; es, ante todo, un acto de… pic.twitter.com/FPnLDb49I3
Aunque el protocolo no establece compromisos jurídicos ni económicos concretos, prevé que las actuaciones se desarrollen mediante convenios específicos entre las partes implicadas, garantizando la coordinación y la correcta ejecución de los trabajos. Con esta iniciativa, las administraciones refuerzan su compromiso con la reparación histórica y la dignificación de las víctimas, un proceso que consideran esencial para la consolidación plena de la democracia española.
