El Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) ha presentado alegaciones ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla tras la petición del fondo de inversión KSAC Europe Investments S.A.R.L. de que el alcalde y los concejales asuman con su patrimonio personal el pago de 27 millones de euros. La deuda mantiene embargados los bienes municipales desde hace dos años.
El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando el entonces gobierno local, presidido por el PSOE, firmó un acuerdo que derivó en una condena judicial contra el Consistorio. La deuda inicial ascendía a 13,5 millones de euros, vinculados a la sociedad municipal Burguillos Natural, aunque los intereses acumulados han elevado la cifra hasta superar los 27 millones.
Ante la imposibilidad de abonar la cantidad, los tribunales intervinieron y finalmente el crédito acabó en manos del citado fondo de inversión, que procedió al embargo de los bienes municipales. El juzgado ha notificado ahora al Ayuntamiento la posible imposición de sanciones personales, que podrían obligar a los responsables políticos a responder con su patrimonio. También se ha abierto una vía penal en el procedimiento.
El Consistorio sostiene que la aplicación de multas personales no tendría fundamento jurídico, ya que la jurisprudencia las reserva para casos de resistencia dolosa, no cuando la insolvencia está acreditada. Insiste en que la situación actual responde a una imposibilidad material de hacer frente a la deuda en los términos exigidos.
El Ayuntamiento va pagando la deuda
En su defensa, el Ayuntamiento destaca que en menos de un año ha abonado 4,2 millones de euros y que prevé realizar un nuevo pago en breve. Con un presupuesto municipal de 5,4 millones, asegura que un préstamo de 28 millones a 12 años, con cuotas cercanas a los 3 millones anuales, resultaría inviable y pondría en riesgo el pago de nóminas, la prestación de servicios básicos y la propia continuidad del Consistorio.
El gobierno local señala además que ha presentado hasta tres propuestas de pago —por 8, 10,5 y 13,4 millones de euros— que han sido rechazadas por KSAC. Rechaza igualmente que puedan adoptarse medidas propias de la jurisdicción contencioso-administrativa, dado que el caso se encuentra en el ámbito civil.
El Ayuntamiento denuncia que el fondo ejerce presión con prácticas que califica de chantaje y recuerda que, en el inicio de las negociaciones, KSAC ofreció adquirir la deuda por siete millones de euros. El Consistorio llegó a proponer un millón más para recomprarla, sin que la entidad aceptara ninguna de las ofertas realizadas.