El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha instado al PSOE y Unidas Podemos a desbloquear la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida por sus detractores como Ley mordaza—, que lleva ya dos años paralizada en el Congreso, tras conocerse el caso del "bofetón" que un policía propinó a un taxista durante una manifestación en Sevilla.
Errejón ha pedido cuentas al Gobierno, al que ha preguntado en el Congreso si piensa abrir una investigación al respecto. También ha aprovechado para volver a solicitar a los dos partidos que conforman la coalición gubernamental que den vía libre ya a la tramitación de esa reforma de la ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, Errejón señala que "probablemente" el taxista que fue agredido por el policía la pasada semana en Sevilla "será juzgado por atentado y resistencia a la autoridad gracias a la 'Ley mordaza'", mientras que lo más probable es que al agente" no se le abra ningún expediente" aun cuando su gesto "absolutamente innecesario y brutal" le valió que otro policía le reprobase.
El líder de Más País recuerda que le reforma de la 'Ley mordaza' acumula ya dos años de retraso en el Congreso, e insta al PSOE y Unidas Podemos a desbloquearla y a "garantizar los derechos fundamentales de las personas que se manifiestan", retocando su artículo 36, relativo a las figuras de atentado y resistencia a la autoridad.
La Junta de Andalucía está en conversaciones con los representantes del sector de las compañías de vehículos de transporte concertado, muchas de las cuales operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber y Cabify, al objeto de crear una regulación específica de dicho sector en Andalucía.
Por ello, el gremio de taxistas de Sevilla viene reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluya un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora entre la petición del servicio y el porte en sí, entre otras medidas.
El sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación estatal de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea. En paralelo, los taxistas de Sevilla capital están reclamando la continuidad de la política de rescate de licencias acordada en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales asociaciones del sector.
Comentarios