El Consejo de Ministros ha aprobado la cesión de ocho antiguos suelos penitenciarios al SEPES, la entidad pública encargada de la gestión de suelo y promoción de vivienda protegida. Entre ellos destaca la intervención en los terrenos de la antigua cárcel de Ranilla, en Sevilla, donde el Ejecutivo proyecta 240 viviendas públicas sobre una superficie de 5.500 metros cuadrados.
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha subrayado que Ranilla representa “la transformación de una ciudad que se reinventa para solventar las necesidades urbanísticas de su ciudadanía”, y ha defendido que la actuación forma parte de la estrategia del Gobierno de “poner el patrimonio público al servicio de la vivienda asequible”.
La intervención sevillana será la segunda mayor del conjunto de las ocho aprobadas —solo superada por la de Carabanchel (Madrid)— y se enmarca en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP), que busca reutilizar espacios públicos en desuso para responder a la creciente demanda de vivienda. Antes de iniciar la edificación, los terrenos de Ranilla requerirán una fase previa de demolición y actualización urbanística.
También en Córdoba
En total, los suelos transferidos permitirán la construcción de 1.332 viviendas en diferentes comunidades autónomas, con un valor conjunto estimado de 78 millones de euros. Las parcelas se ubican en Madrid, Sevilla, Córdoba, Alicante, Huesca, Zaragoza, Segovia y Burgos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que muchos de estos espacios fueron centros de represión política durante la dictadura, y ha destacado que el Ejecutivo pretende darles “un nuevo significado” convirtiéndolos en barrios de vivienda pública y asequible.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su apuesta por ampliar la oferta residencial pública, movilizando suelo estatal para frenar el encarecimiento del mercado y facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de fuerte tensión inmobiliaria.