El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves de forma definitiva la modificación presupuestaria SUPE 04/2025, que permitirá movilizar 140 millones de euros para poner en marcha el ambicioso Programa Sevilla 2030. Esta decisión ha llegado tras desestimar dos alegaciones e inadmitir el resto, basándose, explica el gobierno provincial, en su falta de fundamentos técnicos y legales, según el dictamen elaborado por el área de Hacienda.
La diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, defendió la solidez del procedimiento, asegurando que la tramitación del expediente ha sido "la adecuada", con todos los informes preceptivos y el cumplimiento de los trámites legales. Márquez también remarcó que las actuaciones previstas buscan atender necesidades urgentes, corregir desequilibrios territoriales y avanzar hacia una verdadera cohesión provincial.
La votación se saldó con el apoyo del PSOE y Con Andalucía, la abstención de Vox y el voto en contra del Partido Popular. Márquez no dudó en señalar lo que considera una "estrategia de confrontación del PP contra la Diputación sin que le importe perjudicar a los municipios, incluidos los municipios en los que gobierna". "Llama la atención que en las alegaciones se afirme que la Diputación de Sevilla es la institución que más invierte y colabora con los municipios, que de ella dependen los municipios más pequeños y se pongan de referencia planes como el Más Sevilla, cuando el PP no votó a favor del mismo".
La diputada también advirtió que no ejecutar esta modificación presupuestaria podría tener consecuencias graves: la pérdida de capacidad de gasto por la regla de gasto, lo que implicaría dejar de invertir cerca de 450 millones de euros durante el mandato. "No podemos permitirnos frenar el progreso de la provincia".
El informe de resolución también aclara que el Programa Sevilla 2030 es un paraguas de subvenciones que incluye varias líneas impulsadas por diferentes áreas. Aunque ya existen planes como el Más Sevilla o el Plan 107, la Diputación defiende que "dosificar los tiempos de los instrumentos y de la gestión" forma parte de una "razonable autonomía provincial".
El presidente, Javier Fernández, explicaba que "nuestro Plan 2030, con una inversión de 140 millones de euros, nace directamente de las demandas y necesidades de los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia de Sevilla. Este plan es un compromiso firme con el futuro de nuestros municipios. Por eso, no podemos entender la postura del Partido Popular al votar en contra. ¿Cómo es posible oponerse a iniciativas tan cruciales como la construcción de vivienda pública asequible para la gente? La única explicación posible es seguir las instrucciones de confrontación con la Diputación, cueste lo que cueste, priorizando la táctica política sobre el bienestar de los ciudadanos".
Desde Intervención se ha respaldado la modificación SUPE 04/2025 con un informe previo favorable, confirmando que el expediente fue sometido a un examen completo que verificó su integridad y el cumplimiento de todos los trámites administrativos. Por ello, no ha sido necesario emitir un nuevo informe con esta aprobación definitiva.
Con este paso, el Programa Sevilla 2030 entra en su recta final de tramitación, pendiente solo de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia. El plan contempla diez líneas de actuación, entre las que destaca una nueva dotación de 30 millones de euros para vivienda pública, junto a otras iniciativas en turismo, cultura, infraestructuras, memoria democrática y cooperación internacional.
Un acuerdo clave para el agua en la Sierra Sur
Por su parte, el pleno también aprobaba por unanimidad el nuevo convenio par abastecimiento de agua en la Sierra Sur, el llamado tamo IV del proyecto general, acordado con la Consejería de Agricultura, el Consorcio de Sierra Sur y los ayuntamientos de Lora de Estepa, Estepa, Casariche, Badolatosa, Gilena, Pedrera, Aguadulce y Pruna.
El documento establece el marco de colaboración para construir, financiar y poner en marcha unas infraestructuras hidráulicas consideradas de interés autonómico desde 2020. La Diputación se compromete a aportar 8,2 millones de euros del total de 21,7 millones en los que se ha valorado la intervención.
Desde el Grupo Popular, Martín Torres denunciaba que no había habido negociación con la Junta y que había puntos que no se habían consensuado. Fernández defendía que se han incorporado "lo que la Junta nos ha dicho por escrito", lamentando el posible regreso de nuevos obstáculos. "Me preocupa que el presidente de la Diputación no sepa que la Junta de Andalucía va a volver a ponerle pega a este documento cuando no tenemos nada por escrito, y usted sí lo sepa, y que cada uno saque sus conclusiones", respondía Javier Fernández.
A lo que se refería el presidente era a que Martín Torres "tiene información privilegiada por ser del mismo color político, entiendo, porque llama y se le ponen al teléfono. Yo llamo y tengo que pedir una reunión, y me tarda un mes y medio, dos meses". Un caso para Diputación de "deslealtad institucional". Y dejaba un mensaje al PP: "Cualquier modificación que haya del convenio, que no sea sustancial y que haya que incorporar, pueda hacerla directamente para no volver a tener que traer aquí el convenio y dilatarlo todo aún más".