El Ayuntamiento de La Rinconada, en la provincia de Sevilla, ha anunciado la construcción de más de 250 viviendas protegidas en los próximos tres años. Las unidades estarán destinadas tanto a venta como a alquiler, con precios que no superarán los 115.000 euros para las viviendas más grandes en venta y 350 euros mensuales en alquiler.
El alcalde del municipio, Javier Fernández, informó a través de sus redes sociales que las primeras 68 viviendas ya han sido licitadas. Según indicó, estos inmuebles contarán con facilidades de acceso, con el objetivo de responder a la demanda de los jóvenes, uno de los colectivos más afectados por el encarecimiento del mercado inmobiliario.
Fernández destacó que el objetivo principal es facilitar el acceso a la vivienda a los rinconeros más jóvenes. Señaló que el modelo de vivienda pública que se impulsa en La Rinconada busca mantener precios cercanos a los 100.000 euros en venta y no superar los 350 euros mensuales en alquiler, de modo que sea accesible para quienes no pueden afrontar los elevados costes del mercado privado.
El alcalde subrayó que la vivienda continúa siendo percibida por la ciudadanía como “el principal problema” tanto en la capital como en los municipios de la provincia. En este sentido, insistió en la necesidad de que la cuestión esté presente en la agenda de los alcaldes y de la Diputación de Sevilla.
Críticas a los precios en Sevilla
Fernández criticó los actuales precios de algunas viviendas de protección oficial, que alcanzan entre 300.000 y 350.000 euros, y consideró que ese no puede ser el modelo a seguir. Por ello, defendió la construcción de inmuebles por parte de las administraciones públicas que se ofrezcan a precio de coste, sin beneficio empresarial, para garantizar su accesibilidad.
Desde la Diputación de Sevilla, de la que también es presidente, Fernández presentó el Programa Sevilla 2030. Esta iniciativa movilizará 100 millones de euros para construir viviendas protegidas en toda la provincia, con alquileres que no superen los 350 euros mensuales y ayudas directas de hasta 50.000 euros por vivienda, con el objetivo de reducir el precio final para los beneficiarios.