El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra varios altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos consejeras de Salud, por su actuación en el caso de los gases tóxicos detectados en la barriada del Guadalquivir, en Coria del Río. La investigación judicial se refería a una presunta inacción ante una situación de contaminación que afecta a unas 4.000 personas. La resolución, no obstante, no es firme y puede ser recurrida por las partes implicadas.
La denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río, que acusaba a responsables sanitarios de un delito de prevaricación omisiva por no haber actuado frente a los episodios de contaminación. Entre las personas señaladas figuraban Catalina García, consejera de Salud hasta 2024 y actual titular de Medio Ambiente, y Rocío Hernández, quien ocupó posteriormente la cartera sanitaria en el Gobierno andaluz. En total, la querella se dirigía contra seis altos cargos, incluidos responsables del Servicio Andaluz de Salud.
El auto judicial sostiene que no ha quedado acreditada la comisión de delito alguno y considera que los hechos han sido suficientemente esclarecidos, por lo que no resulta necesario continuar con la investigación. Según el instructor, no se han encontrado indicios que permitan sostener la existencia de ilícitos penales, requisito imprescindible para la continuidad del procedimiento. En consecuencia, se decreta el archivo de las diligencias previas iniciadas tras la denuncia vecinal.
El origen del caso se sitúa en 2017, cuando residentes de la barriada denunciaron la presencia persistente de olores a gasolina, incluso en el interior de sus viviendas. Esta situación habría derivado en problemas de salud entre parte de la población afectada. Las emisiones, presuntamente procedentes de una gasolinera cercana, motivaron una investigación por un posible delito contra el medio ambiente, que fue archivada a finales de 2024, aunque posteriormente se reactivó tras constatarse afecciones en la salud de los vecinos.
Varios delitos
En este contexto, la asociación vecinal amplió sus acciones legales contra responsables sanitarios, a quienes atribuyó diversos delitos, entre ellos contra el medio ambiente, prevaricación en distintas modalidades, lesiones y tratos degradantes. La base de estas acusaciones se centraba en la supuesta falta de actuación para prevenir o mitigar los efectos de la exposición a sustancias potencialmente tóxicas.
Sin embargo, el juez concluye que no puede apreciarse responsabilidad penal en la conducta de los investigados, al entender que actuaron conforme a la información disponible en cada momento. Informes solicitados a la Administración sanitaria indicaban que no existía un riesgo significativo para la salud y que no podía concluirse la existencia de un peligro en el momento de emisión de los gases. Estas conclusiones han sido determinantes para el archivo de la causa.