Los vecinos de la barriada Guadalquivir, en el municipio sevillano de Coria del Río, han denunciado retrasos en la presentación del proyecto de descontaminación del suelo exigido a la empresa responsable de una gasolinera ubicada en la zona tras detectarse una fuga de hidrocarburos. El requerimiento fue formulado por el Ayuntamiento el 16 de octubre de 2025 a la mercantil Zamarrilla Inversiones S.L., propietaria de la estación de servicio donde se originó la contaminación. Según los vecinos afectados, cinco meses después de la notificación municipal la documentación aún no habría sido entregada.
La resolución municipal establecía que la empresa disponía de un plazo máximo de tres meses para presentar el proyecto de recuperación del terreno contaminado. Ese documento debía incluir, además, un estudio de alternativas de descontaminación analizadas desde perspectivas técnicas, ambientales y económicas. Sin embargo, la asociación vecinal sostiene que el plazo se ha superado sin que exista constancia de la presentación del proyecto requerido por el consistorio.
Fuentes municipales consultadas por Europa Press han evitado confirmar si la empresa ha remitido finalmente la documentación solicitada. Desde el Ayuntamiento se han limitado a señalar que colaboran en todo momento con el proceso judicial en los requerimientos que se les trasladan y han subrayado que corresponde a la justicia determinar si deben adoptarse medidas ante las demoras señaladas por los residentes de la barriada.
El expediente municipal se enmarca en una resolución firmada por el alcalde de la localidad, Modesto González, en la que se recuerda que el terreno afectado fue declarado oficialmente como suelo contaminado en noviembre de 2024. La decisión se adoptó en cumplimiento de una sentencia emitida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativa de Sevilla, que resolvía una demanda presentada por la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos de Coria del Río.
La sentencia
Dicha sentencia anuló el archivo previo del procedimiento municipal para declarar contaminados los suelos donde se encuentra la estación de servicio. El archivo se había producido después de que la empresa presentara ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente un proyecto de recuperación voluntaria del terreno. En ese momento se interpretó que ambos procedimientos, el municipal y el autonómico, no eran compatibles y que debía continuar únicamente el segundo.
No obstante, el tribunal concluyó que la tramitación de un proyecto de recuperación voluntaria no impide la declaración administrativa de suelo contaminado. La resolución judicial señalaba que ambos procesos pueden desarrollarse de forma simultánea, al tratarse de competencias distintas, una de carácter local y otra autonómica. Mientras tanto, los vecinos han expresado su descontento por la falta de avances y han reclamado soluciones urgentes para una situación que, según aseguran, continúa afectando a los residentes de la barriada. La portavoz del colectivo, Rogelia Gómez, ha señalado a Europa Press que el plazo de tres meses fijado para presentar el proyecto ya se ha superado ampliamente y ha insistido en que el vecindario sigue soportando las consecuencias de la contaminación.