La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Sevilla, ha investigado a 115 personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio tras detectar un amplio entramado de parcelaciones ilegales en suelo rústico en el término municipal de Dos Hermanas.
La actuación se enmarca en la operación Nessil, desarrollada en colaboración con la Policía Local de Dos Hermanas y la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Como resultado, los agentes han identificado más de 120 subparcelas ilegales ubicadas en terrenos rústicos preservados.
La investigación se inició a finales de 2024, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la creación de un nuevo asentamiento urbanístico de aproximadamente 120.000 metros cuadrados, dividido en 236 parcelas. Según las pesquisas, la segregación se habría formalizado mediante acta notarial privada, lo que dificultó en un primer momento la identificación de los titulares.
Un asentamiento con caminos, vallado y viviendas instaladas
Durante las inspecciones in situ, los investigadores constataron que el asentamiento contaba con caminos de acceso, vallado perimetral con puertas automáticas, así como contadores de agua y luz. Además, se verificó la instalación de viviendas prefabricadas y otras construcciones de obra.
Tras las primeras diligencias y gracias a la colaboración directa con la Fiscalía de Medio Ambiente, se autorizó la entrada para la identificación de las parcelaciones ilegales y las zonas comunes del enclave.
Desde la Guardia Civil subrayan que se trata de una actuación innovadora y de enorme envergadura en la provincia de Sevilla, ya que hasta ahora no se habían adoptado medidas semejantes por parte de la Autoridad Judicial en este tipo de casos.
La operación ha culminado con la inspección y registro de más de 120 subparcelas y la investigación de 115 personas, que han sido puestas, junto con las diligencias, a disposición de la Autoridad Judicial competente.
El delito contra la ordenación del territorio está recogido en el artículo 319 del Código Penal. Las penas previstas pueden oscilar entre uno y cuatro años de prisión y multas de 12 a 24 meses, además de inhabilitación especial para profesión u oficio y la obligación de restablecer el orden alterado a cargo del autor. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.