La situación en las cárceles de Sevilla se encuentra en un punto crítico debido a la escasez de personal sanitario y el aumento de la conflictividad, lo que está afectando la vida regimental de los internos. La sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha calificado los centros penitenciarios hispalenses como «polvorines a punto de estallar».
Desde el sindicato señalan que el déficit estructural en la plantilla de médicos, enfermeros y auxiliares reduce de manera significativa la calidad de la atención sanitaria. Esto repercute tanto en la realización de consultas ordinarias como en la supervisión y suministro de la medicación prescrita a cada interno. Según recuerdan, esta situación contraviene el artículo 208 del Reglamento Penitenciario, que reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a recibir una atención sanitaria integral, equivalente a la de la población general.
La problemática se agrava por la alta prevalencia de enfermedades mentales entre los reclusos. Datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria indican que casi la mitad de los internos, un 49,6%, presenta uno o varios trastornos mentales, muchos de ellos asociados al consumo prolongado de sustancias y adicciones.
Los incidentes recientes en la prisión de Sevilla I evidencian esta tensión. Tras el reparto acumulado de medicación por días festivos, se registraron riñas en varios módulos, así como la incautación de una cantidad significativa de drogas durante una comunicación familiar. Además, un interno tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital por intoxicación aguda, lo que dejó al centro con menos efectivos durante gran parte de la noche.
Consumo de drogas
En la prisión de Morón, también se atendieron casos de consumo de drogas sintéticas, lo que requirió traslados hospitalarios ante la ausencia de personal médico en el centro. La precariedad de recursos se refleja asimismo en Sevilla II, donde solo tres médicos atienden a cerca de 1.300 internos, provocando días en los que el centro carece de facultativo.
Acaip insiste en que la única solución viable pasa por el traspaso efectivo de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, según lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pendiente de cumplimiento desde hace más de veinte años. El sindicato alerta de que la falta de recursos sanitarios no solo pone en riesgo vidas y derechos fundamentales, sino que genera una inseguridad directa tanto para internos como para trabajadores penitenciarios.