Greenpeace y Ecologistas en Acción han denunciado este domingo presuntas irregularidades en los procesos de expropiación relacionados con la construcción de una tubería de 30 kilómetros para trasladar vertidos tóxicos desde la mina de Aznalcóllar hasta el Estuario del Guadalquivir, frente al Estadio de la Cartuja de Sevilla. El proyecto, impulsado por la empresa Minera Los Frailes y autorizado por la Junta de Andalucía, permitiría el vertido de más de 85.500 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados como níquel, arsénico, plomo, selenio, zinc, cadmio y mercurio.
Para mostrar su rechazo, activistas de ambas organizaciones desplegaron pancartas en los puentes del Judío (en Valencina de la Concepción) y de los Vinateros (en Santiponce), sobre la Vía Verde de Itálica. Las protestas se suman a una creciente preocupación por los impactos ambientales y sociales de la reapertura de la mina.
El proyecto contempla un vertido inicial de 17.520 millones de litros de aguas altamente contaminadas durante 18 meses, además de un flujo continuo de 4.000 millones de litros anuales durante 17 años. Según los ecologistas, esto supondría una amenaza directa para el ecosistema del Guadalquivir y para actividades sostenibles como la agricultura y la pesca artesanal.
Las organizaciones advierten además de “graves incumplimientos legales” en las expropiaciones, que se estarían tramitando bajo una ley franquista de 1955, sin contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También denuncian que varios ayuntamientos —entre ellos los de Olivares, Salteras y Santiponce— no han publicado los anuncios oficiales de las ocupaciones, vulnerando la normativa de información pública.
El pasado 23 de octubre, el BOJA difundió una lista de 88 propietarios afectados, de los cuales 79 pertenecen precisamente a esos municipios. Además, un informe científico reciente documenta episodios de contaminación hacia el río Agrio antes incluso del inicio del proyecto.
Por todo ello, Greenpeace y Ecologistas en Acción exigen la paralización inmediata de las autorizaciones mineras y de vertido, advirtiendo que el plan “amenaza la biodiversidad del estuario y el equilibrio ecológico del Bajo Guadalquivir”.