Vigilantes de seguridad de dependencias municipales de Cádiz lanzan una denuncia pública por impago

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz denuncia que la empresa de seguridad privada 'Mersant Vigilancia S.L.' sostiene importantes deudas

Vigilantes de seguridad de dependencias municipales de Cádiz lanzan una denuncia pública por impago. FOTO: Facebook S.P.V.
Vigilantes de seguridad de dependencias municipales de Cádiz lanzan una denuncia pública por impago. FOTO: Facebook S.P.V.

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz, como organización sindical mayoritaria en la provincia de Cádiz y en nombre y representación del 'Colectivo de Seguridad Privada'denuncia que la empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia S.L., sostiene importantes deudas y retrasos en el abono de los salarios de la plantilla de vigilantes de seguridad que presta sus servicios de vigilancia y proteccion en las dependencias municipales dependientes del Ayuntamiento de Cádiz. 

En el comunicado, denuncian que se generan "graves consecuencia económicas para la plantilla y familias de los trabajadores" y añaden que "los compromisos adquiridos y firmados son con el Ayuntamiento de Cádiz, cuya responbilidad subsidiaria es en última instancia suya como empresa principal que genera la actividad, asegurandose de que se está al corriente con las obligaciones de pago en el salario de los trabajadores y de las cotizaciones en la seguridad social derivadas de la prestación".

Solicitan, por tanto, que se tomen las medidas necesarias conducentes a poner fin y erradicar esta conducta de piratería empresarial, que ocasiona graves perjuicios a los trabajadores afectados, en fechas tan señaladas, y si fuese necesario, se proceda a la cancelacion de los servicios contratados con la mercantil, sacando nuevamente a concurso público dicha licitación de los servicios de seguridad y vigilancia de las dependencias municipales.

En estos últimos años se ha provocado el cierre por quiebra y concurso de empresas que dejan cantidades de deuda con sus trabajadores, como Segur Ibérica (22,5 millones de euros), Ombuds Seguridad (casi 40 millones de euros), LPM (19 millones) o EME (12 millones), entre otras. Todo ellos, siendo sus principales clientes las administraciones del estado, como ministerios, CC.AA o ayuntamientos. "Es sencillamente inaceptable que quienes debieran velar por el cumplimiento de las leyes y normas, sean los responsables por falta de vigilancia y control de estos “agujeros negros” ocasionados en los bolsillos del contribuyente, pues como trabajadores dejan de percibir sus salarios y cotizaciones y como ciudadanos deben pagar despues las fechorias de empresarios piratas, que de forma alarmante han anidado en el nicho de la seguridad privada".                                  

Sobre el autor:

V. Reyes

Periodista.

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