Los vigilantes de Cádiz denuncian que Mersant no paga pese a los 116.000 euros del Ayuntamiento

La Asociación Marea Negra habla de "empresa pirata" y tacha al gobierno de 'Kichi' de "ingenuo" tras el compromiso de Mersant de abonar "inmediatamente" las nóminas

Concentración del Sindicato de Vigilantes contra la empresa 'Mersant'.
Concentración del Sindicato de Vigilantes contra la empresa 'Mersant'.

La empresa de seguridad privada Mersant, concesionaria del servicio de vigilancia en dependencias municipales de Cádiz y otros servicios públicos de la provincia como Los Toruños, lleva meses sin abonar las nóminas a sus trabajadores.

Los empleados, movilizados en torno a la Marea Negra por la Seguridad Privada, han lamentado el pago por parte del consistorio gaditano de 116.000 euros para el abono de las nóminas de los vigilantes que desempeñan sus funciones en las dependencias municipales de la ciudad. "La empresa Mersant Vigilancia sigue sin abonar las nóminas a sus empleados, riéndose nuevamente de ellos y del Ayuntamiento de Cádiz. Es una empresa pirata que navega por los mares libremente", sostiene en un comunicado al que ha tenido acceso lavozdelsur.es Manuel Moreno, trabajador y coordinador de la plataforma. El colectivo, que sostiene que el Ayuntamiento es "ingenuo" al creer que la empresa iba a pagar, se muestra contrario a la decisión del Ejecutivo de José María González Kichi, que se defiende argumentando que va a hacer "todo lo posible para solucionar esta situación".

El concejal de Seguridad Ciudadana y primer teniente de alcalde del consistorio, Demetrio Quirós, afirma que la operación se hizo "previo levantamiento del embargo que pesaba sobre la empresa para asegurarnos así que pagarían la nómina a los trabajadores de Cádiz". Además, señala que la cantidad se abonó con "el compromiso expreso por parte de la empresa de que con carácter inmediato iba a abonar las nóminas a los trabajadores del servicio municipal de Cádiz".

Concentración de protesta de los vigilantes de Mersant, que trabajan en dependencias públicas
CSIF se movilizó la pasada semana en Sevilla

De la misma forma, afirma que el Ayuntamiento ha pagado los servicios a la empresa "en todo momento", teniendo un "el periodo de pago a proveedores más abjo que nunca". Ante la situación, el gobierno local de Cádiz insiste en que va a "seguir presionando a la empresa para que los trabajadores cobren de una vez y abandonen. Porque bastante tienen ya y bastante dura es el contexto que viven", concluye el delegado. No obstante, el Ayuntamiento está buscando vías para resolver el contrato con la empresa.

"Dejad de ser cómplices de estas empresas"

Por su parte, la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada de España hace responsables de la situación de impagos a las administraciones municipales y supramunicipales. "Juegan con el dinero público para dar contratos a empresas privadas. Así crean trabajos precarios", sostienen. A la precarización, insisten, se le suman los incumplimientos, que son reiterados y no han afectado solo a Mersant.

"Esto no es nuevo, pasó con Sinergias, Seguridad Integral Canaria, Ombus, etc. Dejad de ser cómplices de estar empresas y dejad de jugar con el dinero público. No se trata de un partido político contra otro. Os salpica a todos", añaden.

El colectivo, además, denuncia algunas situaciones que padecen los vigilantes de seguridad privados, que cuando se dan de baja por enfermedad "debido a la ansiedad y depresión" por no ver llegar sus nóminas, aceptan que "la empresa mande personal nuevo contratado para cubrir la baja a sabiendas de que este trabajador tampoco va a cobrar". Contra estas dinámicas, la Marea Negra llama a rescindir los contratos en base a la Ley de Contratación del Sector Público. "Tenéis herramientas suficientes para ello", indican.

Cabe recordar que la compañía adeuda las nóminas de diciembre y enero, así como la paga extra en el caso de decenas de profesionales. En la provincia de Cádiz, con unos 100 trabajadores, Mersant trabaja para el Ayuntamiento de Cádiz, la Tesorería de la Seguridad Social, el Parque Natural de Los Toruños, el juzgado de La Línea y otros centros públicos. Según CSIF, en toda España hay afectados unos 750 empleados y empleadas y 450 de ellos están en Andalucía.

Sobre el autor:

S. Chilla

Jerez, 1992. Graduado en Historia por la Universidad de Sevilla. Máster de Profesorado en la Universidad de Granada. Periodista. Cuento historias y junto letras en lavozdelsur.es desde 2015. 

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