Lourdes Romero Rubio, propietaria del restaurante y vivienda anexa El Inesperado en el Parque de Las Canteras de Puerto Real, ha denunciado públicamente un desahucio sin notificación oficial y la posible adjudicación del local a la Peña Flamenca de la localidad. La afectada asegura que ni ella ni su familia han recibido comunicación alguna sobre la decisión del Ayuntamiento que afecta directamente a sus derechos.
Según Romero Rubio, el inmueble ha sido hogar y negocio familiar durante más de cinco décadas. El terreno y la construcción fueron levantados íntegramente por sus padres, con su esfuerzo y el de su familia, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y clientes de la localidad.
La propietaria afirma que su derecho de uso está amparado por un Decreto municipal de 1 de marzo de 2000, que reconoce expresamente su condición de adjudicataria legítima del local y la vivienda. Este título, según sostiene, sigue vigente y nunca ha sido revocado ni anulado.
El conflicto se intensificó en abril de este año, cuando se "cambiaron las cerraduras del establecimiento sin aviso ni resolución administrativa, permitiendo que la Peña Flamenca accediera al local". Romero Rubio asegura que la ocupación se produjo con conocimiento y tolerancia del Ayuntamiento, "sin que mediara ningún procedimiento formal ni notificación previa".
En un pleno ordinario del mes de octubre, el Ayuntamiento de Puerto Real aprobó formalmente el desahucio administrativo del inmueble y la vivienda anexa y la afectada ha denunciado que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la decisión ni sobre la adjudicación del local a terceros. Romero Rubio cuestiona la legalidad y transparencia del procedimiento y señala que no se le ha ofrecido ninguna compensación por los años de inversión y trabajo dedicados al negocio.
Asegura que se respalda en documentos oficiales
Romero Rubio asegura que todas sus afirmaciones se respaldan con documentos oficiales, escritos presentados ante el Juzgado de Instrucción de Puerto Real y comunicaciones registradas en el propio Ayuntamiento. Recalca que se trata de hechos verificables, no de opiniones.
Romero Rubio concluye reclamando "respeto, legalidad y justicia", subrayando que nadie debería ser desalojado de su hogar y su lugar de trabajo de toda la vida sin aviso, sin procedimiento y sin posibilidad de defensa. Este periódico ha intentado conocer la valoración al respecto del Ayuntamiento de Puerto Real, pero no ha obtenido respuesta.