Los sindicatos ACAIP-UGT, APFP y CSIF del Centro Penitenciario de Puerto III han denunciado a la opinión pública la mayor incautación de droga en esta prisión portuense, que tuvo lugar el pasado 5 de marzo. La incautación se realizó tras una comunicación vis a vis familiar de un interno con su madre, después de celebrar dicha comunicación y tener fundadas sospechas de que el interno pudiese aprovechar la misma para introducir sustancias prohibidas.
Tras obtener la pertinente autorización judicial, al interno se le realizó una prueba radiológica dando un resultado positivo. Dicho interno alojaba en su interior cuerpos extraños, que terminó expulsando, con el resultado de 14 bellotas de hachís, con un peso aproximado de 150 gramos. Los hechos fueron puestos inmediatamente en conocimiento del Juzgado de Guardia de El Puerto de Santa María, por si fuesen constitutivos de delito. "Esta cantidad de droga, que de incautarse en la calle pasaría casi inadvertida sí resulta preocupante en los centros penitenciarios, ya que si hubiera sido cocaína, heroína o metadona hubiese causado verdaderos estragos dentro de la prisión", señalan fuentes sindicales. Para ACAPI-UGT, APFP y CISF "la entrada de este tipo de estupefacientes son fuente constante de incidentes y ocasionan peleas entre la población reclusa".
En esa línea, los sindicatos alertan de que este año se están produciendo un aumento de fallecimientos por sobredosis en todas las prisiones de España, motivado, aseguran, por la falta de medios materiales y humanos para poder realizar una labor preventiva y evitar dichas entradas que originan un fatal desenlace. "Los sindicatos de prisiones nos quejamos enormemente de la falta de medios materiales y personales para poder realizar las funciones correctamente", declaran.
Precisamente por esos motivos, los sindicatos de prisiones iniciaron un proceso de movilizaciones hace más de un año para reclamar al Gobierno las reivindicaciones necesarias para aumentar las plantillas, reforzar la seguridad de los empleados penitenciarios, una uniformidad adecuada y de garantías, obtener la condición de "agente de la autoridad", una reforma de la LOGP, el pase al Grupo B debido a la especialización de los cuerpos penitenciarios y un aumento del salario. Una circunstancia que reconocen "se ha estancado seriamente en la última década" y que "no está siendo atendido por el actual Gobierno, el cual ni siquiera se digna a entablar, de manera real y seria, una mesa de diálogo con los sindicatos representativos en Instituciones Penitenciarias, para abordar toda ésta problemática", concluyen.
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