La Guardia Civil investiga a cuatro personas y a una empresa por un presunto delito de usurpación de aguas en una finca ubicada en el municipio gaditano de Puerto Serrano. La actuación se enmarca en las labores de vigilancia y protección medioambiental que desarrolla el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), tras detectar una posible extracción ilegal de recursos hídricos destinada a diversos usos dentro de la propiedad.
La investigación se inició cuando agentes del Seprona de Ubrique localizaron un sondeo oculto en el interior de una finca dedicada principalmente al turismo rural. Durante la inspección, los efectivos comprobaron que la instalación se encontraba activa, conectada a la red eléctrica y equipada con bombas de extracción y un sistema de tuberías que permitía la distribución del agua.
Uno de los elementos que despertó las sospechas de los agentes fue la ausencia de contadores volumétricos en la conducción, lo que dificultaba el control del consumo y del destino del agua extraída. Este tipo de instalaciones, al carecer de mecanismos de medición, pueden facilitar la ocultación de usos no autorizados, lo que llevó a los investigadores a realizar un seguimiento detallado del recorrido de la tubería.
Agua para un cortijo turístico
Las pesquisas permitieron determinar que el agua extraída se destinaba a abastecer múltiples instalaciones dentro de la finca, entre ellas un cortijo de turismo rural con capacidad para 16 personas, jardines, piscina, un huerto, una explotación equina y diversos cultivos particulares. Según las estimaciones realizadas, el consumo habría superado los 77 millones de litros en los últimos cinco años.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha procedido a investigar a los cuatro propietarios de la finca y a la empresa encargada de la explotación turística como presuntos responsables de un delito de usurpación de aguas. La extracción, que se realizaba sin la correspondiente autorización administrativa, habría tenido como objetivo obtener un beneficio económico mediante el uso doméstico, turístico y agrícola de un recurso público, cuya explotación ilegal supone una amenaza para el equilibrio medioambiental.