El agua que sale del grifo en La Perdiz, pequeña pedanía de 213 habitantes de Arcos de la Frontera, contiene niveles de nitratos que, aunque todavía dentro del límite legal, generan una preocupación creciente entre científicos y organizaciones ecologistas.
Los análisis más recientes disponibles en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), dependiente del Ministerio de Sanidad, registran una concentración de 32 mg/L de nitratos, por encima incluso de los 30 mg/L detectados en la última medición de 2024. Una cifra que, aunque legalmente apta para el consumo, se acerca a más del 60% del límite máximo permitido de 50 mg/L y que apunta a un posible agravamiento del problema.
El dato ha cobrado especial visibilidad gracias a un mapa interactivo publicado por Greenpeace que asigna a cada municipio español el valor máximo de nitratos registrado en sus redes de abastecimiento, tomando como fuente los datos del SINAC. En el caso de Arcos, en la Sierra de Cádiz, el mapa recoge precisamente la medición de La Perdiz como valor de referencia del municipio, lo que ha puesto el foco sobre una situación que afecta, en distintos grados, a varios núcleos de población del término municipal.
En pedanías como Jadramil, la Junta de los Ríos, La Pedrosa, Las Abiertas, La Sierpe, El Santiscal y El Drago, los análisis de 2024 también reflejan valores regularmente altos, aunque sin superar los 19 mg/L. La excepción positiva es Jédula, donde las mediciones arrojan 0 mg/L, un resultado que se ha repetido también en la primera medición disponible de 2026.
Un límite legal que los científicos consideran obsoleto
El problema de fondo va más allá de los números concretos de La Perdiz. Aunque la legislación española fija en 50 mg/L el umbral máximo de nitratos permitido en el agua de consumo humano, numerosas investigaciones científicas cuestionan que ese límite sea suficiente para proteger la salud a largo plazo. Diversas investigaciones vinculan la exposición continuada a nitratos con un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, el tumor de mayor incidencia en España, si bien en el desarrollo de esta enfermedad intervienen también otros factores como la dieta, el sedentarismo o el tabaquismo. La paradoja normativa es llamativa: el umbral permitido en el agua potable duplica el que se aplica a los ecosistemas fluviales, lo que para los ecologistas resulta "incoherente" dado los riesgos conocidos para la salud humana.
Ante esta situación, la organización Ama Natura–Ecologistas en Acción ha reclamado un refuerzo inmediato de los controles en el agua de abastecimiento y exige al Gobierno la revisión del Real Decreto 3/2023 sobre agua de consumo humano para reducir el límite máximo permitido de nitratos. Para los ecologistas, mantener el umbral en 50 mg/L supone ignorar décadas de evidencia científica acumulada sobre los efectos de la exposición prolongada a estas sustancias.
El origen del problema, apuntan los ecologistas, se debe al modelo agrícola predominante en la zona. La contaminación de las aguas subterráneas por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en agricultura de regadío es, según los expertos, la causa más probable de estos niveles elevados. La expansión del regadío intensivo y la ganadería industrial —grandes consumidoras de agua y generadoras de residuos nitrogenados— estaría provocando una contaminación progresiva de acuíferos, suelos y aguas superficiales en la provincia de Cádiz y en buena parte del territorio andaluz.