Un total de 121 vecinos de Grazalema continúan desalojados y no podrán regresar a sus viviendas hasta que los informes técnicos certifiquen plenamente la seguridad de la zona. Además, 89 inmuebles permanecen pendientes de inspección tras los daños ocasionados por las recientes inundaciones.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó este viernes de la situación tras reunirse con las familias afectadas en la Casa de la Cultura del municipio. El responsable autonómico trasladó que la prioridad de la Administración es anunciar “cuanto antes” el retorno completo de los vecinos, si bien subrayó que este regreso solo se producirá cuando no exista ningún riesgo.
Durante su intervención, Sanz insistió en la gravedad del episodio vivido y apeló a la prudencia. “Todo se puede sustituir menos la vida”, afirmó, al recordar que Andalucía ha sufrido uno de los episodios de inundaciones más graves de las últimas décadas.
El consejero explicó que las decisiones adoptadas hasta ahora se han basado en informes técnico-científicos que han permitido el regreso progresivo de la población. El lunes volvió a sus hogares la mayor parte de los residentes afectados; el miércoles regresó otro centenar y el jueves lo hicieron unas cuarenta personas más. En la actualidad, permanecen pendientes de retorno 121 vecinos, la mayoría realojados dentro del propio municipio.
La zona de exclusión
En la denominada zona de exclusión se localizan 213 viviendas. De ellas, 124 ya han sido inspeccionadas, mientras que 89 continúan pendientes de evaluación. Los técnicos han determinado que ocho inmuebles requieren obras de importancia y otros once necesitan actuaciones de carácter leve. Sanz advirtió de que, a partir de ahora, las intervenciones deberán realizarse “casa por casa”, lo que previsiblemente ralentizará el proceso.
En la reunión también participó el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, junto a responsables autonómicos y técnicos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Entre las medidas planteadas en los informes se incluyen la realización de un estudio geotécnico integral del municipio, la posible peatonalización de algunas zonas y el refuerzo de los requisitos relativos al estudio del subsuelo en futuras obras.