Los caminos públicos y vías pecuarias son infraestructuras básicas, a menudo infravaloradas, cuya importancia se hace evidente cuando las carreteras quedan cortadas por temporales o emergencias. Actúan como rutas alternativas para garantizar la conectividad, facilitar evacuaciones y permitir el acceso de servicios de socorro, consolidándose como una auténtica red de seguridad territorial.
En situaciones como inundaciones, incendios forestales, derrumbes o accidentes graves, las cañadas, cordeles, veredas y caminos vecinales pueden convertirse en la única vía disponible para evitar el aislamiento de pequeños núcleos rurales. No solo permiten el suministro de bienes básicos y el acceso a servicios sanitarios, sino también el movimiento de efectivos de seguridad.
Más allá de su función tradicional ligada al tránsito ganadero, estas rutas cumplen hoy un papel clave de conectividad territorial y actúan como corredores verdes y vías de comunicación terrestre. Su utilidad se multiplica precisamente cuando la red viaria principal falla.
Dominio público, pero con graves carencias de conservación
Las vías pecuarias son bienes de dominio público —imprescriptibles, inalienables e inembargables— gestionados por la Junta de Andalucía. Los caminos públicos, por su parte, son también de titularidad municipal. Sin embargo, pese a su protección legal, sufren con frecuencia usurpaciones, ocupaciones ilegales o abandono, lo que dificulta su uso en emergencias.
La conservación activa resulta esencial para garantizar su transitabilidad. Aunque su uso principal es el ganadero, la normativa permite la circulación de vehículos motorizados destinados a vigilancia, gestión y actuaciones de emergencia, siempre que no se causen daños.
La regulación básica se recoge en la Ley 3/1995, que define estas rutas tradicionales —cañadas de hasta 75 metros de anchura, cordeles de hasta 37,5 metros y veredas de hasta 20— y establece la necesidad de deslinde y amojonamiento. La inscripción en el Catastro y en el Registro de la Propiedad es clave para salvaguardar su titularidad pública y evitar su pérdida.
Sierra de Grazalema: 115 vías pecuarias y solo 31 deslindadas
La situación en el Parque Natural Sierra de Grazalema refleja el deterioro de esta red. Por este espacio natural, donde varios municipios han permanecido aislados o con restricciones de acceso, discurren 115 vías pecuarias, pero únicamente 31 están deslindadas, en su mayoría de forma parcial. Gran parte de este viario público es intransitable debido a alambradas o cancelas instaladas en fincas privadas, incluso en tramos ya deslindados.
El estado de los caminos públicos es aún más preocupante. De los nueve municipios del parque en la provincia de Cádiz, solo Ubrique tiene aprobado el inventario de caminos públicos. Zahara está pendiente de aprobación; Villaluenga lo tramita; Grazalema y Benaocaz lo mantienen paralizado desde hace años; y El Gastor, Algodonales, Prado del Rey y El Bosque ni siquiera lo han confeccionado. Ninguno de los municipios tiene abiertos y accesibles la totalidad de sus caminos públicos.
Lluvias extremas y falta de planes climáticos
El reciente episodio extraordinario de lluvias en la Sierra de Cádiz, con precipitaciones que han superado los 3.500 litros por metro cuadrado en Grazalema, ha provocado graves daños: carreteras afectadas, desbordamientos de ríos por falta de cobertura vegetal y ocupación de cauces, evacuación total de una población y parcial de otras, pérdidas de enseres personales, daños en viviendas, instalaciones agrarias, ganaderas y cultivos, así como importantes perjuicios para el sector turístico.
Estos temporales, que se prevé que sean cada vez más frecuentes e intensos por efecto del cambio climático, obligan a repensar el modelo de infraestructuras de comunicación y su adaptación a un escenario de mayor vulnerabilidad. La correcta delimitación y cartografía de caminos y vías pecuarias es, además, un requisito para una Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias eficiente.
Sin embargo, ni un solo municipio de la sierra cuenta con aprobado y en ejecución el preceptivo plan contra el cambio climático. La recuperación, señalización y mantenimiento de la red de vías pecuarias y caminos públicos no es solo una cuestión patrimonial: es una obligación legal y una necesidad de seguridad ante futuras emergencias.