Paco Aguilar, ciudadano de Algar, ha decidido acampar a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo al sistema de recogida de basuras "puerta a puerta", implantado en diversas localidades de la Sierra de Cádiz. Esta forma de protesta llega después de haber participado en concentraciones, reuniones vecinales y manifestaciones que, según afirma, no han logrado que las autoridades reconsideren el modelo.
El vecino, trabajador del propio Ayuntamiento, sostiene que su protesta no va contra el alcalde local, con quien asegura mantener una buena relación, sino contra el sistema en sí y la imposición del modelo por parte de la empresa pública Básica y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. “Tengo que ayudar a mi pueblo porque este sistema está avasallando a los mayores”, explica, haciendo referencia a las dificultades que implica el cumplimiento diario de las exigencias de reciclaje.
Según detalla, el sistema "puerta a puerta" obliga a los vecinos a separar y entregar sus residuos en pequeñas fracciones: tres días a la semana deben entregar orgánicos como restos de pescado o carne; dos días, envases como latas y tetrabriks; un día, cartón; y otro, residuos no reciclables. Para quienes viven en zonas rurales o diseminadas, esta dinámica resulta, en su opinión, inviable, lo que les lleva a usar los contenedores de emergencia, generando un incremento en el volumen de residuos mal clasificados.
Ese incremento, denuncia, repercute directamente en el coste del servicio para el ciudadano. En Algar, la media anual por recogida y tratamiento de residuos asciende, según explica, a 160 euros, mientras que en municipios vecinos como San José del Valle, integrados en otras mancomunidades como La Janda, la tasa ronda los 65 euros anuales. En el caso de los negocios locales, como bares o pescaderías, la cantidad supera los 480 euros, una cifra que considera desproporcionada y que, asegura, ha provocado ya el cierre de varios establecimientos.
Además de las cuestiones económicas, Aguilar expresa su preocupación por lo que interpreta como una vulneración de derechos. Denuncia que se está obligando a los ciudadanos a informar de su paradero si se ausentan y no pueden cumplir con la entrega diaria de residuos, y que, en caso de incumplimiento, deben pagar el doble. Califica estas medidas como inconstitucionales y asegura que en localidades como Olvera ya hay abogados trabajando para llevar el caso a los tribunales.
Un respaldo mayoritario
La protesta, asegura, cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo, sin distinción de ideologías. Aunque reconoce que en algunos municipios el debate se ha politizado, en Algar afirma haber recibido apoyo tanto de votantes del PP como de Izquierda Unida. “Aquí estamos todo el pueblo entero”, insiste. También señala que en pueblos donde IU gobierna con mayoría absoluta, como Bornos o Espera, el rechazo ciudadano no se traduce en movilizaciones por la afinidad política con quienes gestionan el servicio.
Critica también las contradicciones dentro del PSOE, cuyo posicionamiento varía en función de si gobierna o está en la oposición. “El PSOE que está en la oposición sale a la calle contra el sistema, pero cuando gobiernan lo defienden porque forman parte de la Mancomunidad”, explica, apuntando a una división interna que, en su opinión, está dificultando una postura común del partido.
El activista considera que el sistema “puerta a puerta” es mucho más caro que el modelo tradicional, debido al personal necesario para realizar la recogida casa por casa. A su juicio, se está obligando al ciudadano a asumir tanto el esfuerzo del reciclaje como un aumento considerable en las tasas. Por ello, pide una revisión urgente del modelo, no solo en Algar, sino en toda la Sierra de Cádiz, donde cree que los municipios han quedado en desventaja frente a otros puntos de Andalucía donde este sistema no se ha implantado.