La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, llevará al próximo pleno municipal la adhesión del Consistorio al Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, cuyo objetivo es impulsar la promoción de viviendas públicas en Andalucía.
El Ayuntamiento prevé incrementar la oferta de suelo urbanizado destinado a vivienda protegida, autorizando su uso residencial en parcelas y edificios inicialmente calificados para oficinas o alojamientos turísticos. También se permitirá destinar de manera permanente al alquiler parcelas y edificios con uso dotacional privado sin un destino específico o con calificación genérica para servicios de interés público y social.
Asimismo, la normativa permitirá al Consistorio autorizar un incremento del 20% del número de viviendas en parcelas y edificios destinados a vivienda de renta libre, siempre que se destinen en su totalidad a algún régimen de protección. También se podrá aumentar la edificabilidad hasta un máximo del 20%, sin superar el aprovechamiento urbanístico de la parcela.
El decreto ley contempla, además, la posibilidad de autorizar un aumento del 20% en el número de viviendas y del 10% en la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida. Los promotores contarán con un plazo de dos años para solicitar la licencia y tres años para finalizar las obras desde su concesión.
El papel de la Junta de Andalucía
La alcaldesa ha valorado positivamente estas medidas, que se suman a las gestiones que viene realizando el Ayuntamiento desde el inicio de este mandato para promover la construcción de vivienda protegida en la ciudad. Álvarez ha subrayado que la Junta de Andalucía es la administración competente en esta materia y ha instado a la institución autonómica a "ponerse manos a la obra y cumplir de una vez con nuestra ciudad".
Desde 2007, según ha recordado la regidora, no se han construido viviendas sociales en Sanlúcar, pese a que actualmente hay en torno a 2.000 demandantes. La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene disponibles todos los suelos urbanos consolidados listos para edificar, a disposición de la Junta.
Con la adhesión al decreto ley y la flexibilización de los parámetros urbanísticos, el Consistorio busca dar un impulso decisivo a la promoción de vivienda protegida y atender una demanda histórica que hasta ahora no había encontrado respuesta suficiente.