La Fiscalía ha solicitado penas de hasta 16 años de prisión para varios implicados en un presunto desfalco de cerca de ocho millones de euros en el Ayuntamiento de San Fernando. El principal acusado es un funcionario que, entre 2004 y 2009, habría ideado y ejecutado un sistema de manipulación contable para apropiarse ilícitamente de fondos de la Caja Municipal.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la agencia EFE y que fue adelantado por Diario de Cádiz, el funcionario habría actuado en connivencia con una compañera de trabajo, también cajera municipal, para quien la Fiscalía solicita 12 años de prisión. Ambos están acusados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y, en el caso del principal acusado, blanqueo de capitales.
La investigación revela que ambos funcionarios manipulaban las hojas de caja diarias para justificar faltas de liquidez mediante argumentos como retrasos contables o avales inexistentes. El principal acusado apenas tomó vacaciones durante cinco años para impedir que otros trabajadores accedieran al sistema y pudieran detectar las irregularidades.
La mecánica del fraude incluía la retirada sistemática de efectivo —en cantidades comprendidas entre 500 y 45.000 euros—, el desvío de ingresos por tasas municipales y el cobro de cheques destinados a pagos urgentes ficticios. Las cantidades sustraídas fueron aumentando con el tiempo, pasando de 1,1 millones de euros en 2004 a más de 1,5 millones en 2008.
Parte de los fondos presuntamente desviados fueron blanqueados mediante la creación de empresas fantasma como “Servicios Inmobiliarios Nora” y “Team TR Quad San Fernando S.L.”. Estas entidades no tenían una actividad económica real, pero sirvieron para simular ingresos legítimos y realizar operaciones inmobiliarias y comerciales falsas.
El escrito de la Fiscalía
El escrito fiscal señala que se emitieron facturas falsas utilizando datos de contribuyentes que habían abonado plusvalías, sin que estos supieran que sus nombres estaban siendo utilizados. Además, se detectaron ingresos en metálico en cuentas bancarias por más de 1,1 millones de euros, sin relación con sus ingresos salariales ni actividad profesional acreditada.
La Fiscalía también ha imputado a varios familiares y colaboradores por su papel en el entramado de blanqueo. Estos habrían simulado negocios, avalado préstamos y se habrían beneficiado directamente de los fondos desviados. Entre ellos, destaca un caso de promoción en competiciones de motociclismo que fue financiada con dinero público. Para tres de los acusados, el Ministerio Público solicita penas de cuatro años de prisión, considerando las dilaciones del proceso, que juzgará hechos ocurridos hace dos décadas. Además, se reclama la devolución de las cantidades sustraídas al Ayuntamiento.