San Fernando se mantiene como la ciudad de la provincia con la menor recaudación de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por habitante y con el menor importe medio pagado, según los últimos datos de liquidación correspondientes al ejercicio 2024. En este marco, el Ayuntamiento ha aprobado en sesión plenaria extraordinaria las ordenanzas fiscales y tasas municipales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.
Según las cifras publicadas por los distintos consistorios, la recaudación total del IBI en San Fernando alcanza los 21,6 millones de euros, lo que supone un promedio de 231 euros por habitante para una población de 93.645 personas. Esta cifra coloca a la ciudad muy por debajo de otras urbes de la provincia tanto en términos absolutos como per cápita.
Ciudades como Cádiz capital, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Algeciras registran recaudaciones significativamente superiores. La capital provincial alcanza los 40 millones de euros y 360 euros por habitante; El Puerto de Santa María, 36,6 millones y 410 euros; Jerez de la Frontera, 50,8 millones y 238 euros; mientras que Algeciras suma 34,7 millones y 278 euros por habitante.
El Gobierno municipal ha subrayado que todos los impuestos locales permanecerán congelados, pese al incremento generalizado de los costes de los contratos de servicios públicos, suministros y materiales en los últimos años. La congelación ha implicado, según el Ayuntamiento, una reducción real de aproximadamente un 8% desde 2016, al haberse mantenido los impuestos por debajo del ritmo de la inflación.
Las medidas del Ayuntamiento
Solo se han ajustado mínimamente aquellas tasas cuya modificación es obligatoria por ley y por exigencias de la Intervención municipal, procurando siempre minimizar el impacto en la ciudadanía. La administración local atribuye esta política a un modelo de gestión basado en la eficiencia, el control del gasto y el aprovechamiento de los recursos públicos, priorizando la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales del personal municipal.
En algunos servicios, como el suministro de agua, se han introducido criterios de progresividad para que los consumos más elevados contribuyan en mayor medida, mientras que 12.000 viviendas disfrutan de tarifas reducidas. Para otros servicios, como la recogida de residuos, la legislación no permite diferenciar según el consumo, aunque el Ayuntamiento mantiene su compromiso de ajustar las tasas al coste real del servicio. Además, se aprobó una bonificación del 95% del IBI para inquilinos de viviendas en alquiler social incluidas en las nuevas ordenanzas fiscales.