El Ayuntamiento de San Fernando va a llevar a cabo una reestructuración de la ordenanza reguladora del agua con la que se penalizará económicamente a "los grandes derrochadores" de este bien natural con subidas en el precio de este servicio. Con esta medida se espera incentivar el ahorro de agua en el municipio gaditano durante la situación de sequía que sufre la provincia.
En rueda de prensa, el concejal delegado del área de Desarrollo Sostenible, Fernando López Gil, ha detallado esta medida, dejando claro que se subirá el precio por tramos a quienes se consideran "grandes derrochadores", de tal forma que si reducen un 5% su consumo "pagarán los mismo que pagan ahora".
"Si en esta subida de precios a los que más gastan conseguimos que ahorren un 20% de agua, pagarán, además, mucho menos de agua de lo que pagan ahora. Por tanto, lo que buscamos es ahorrar agua, castigando a los que la derrochan", ha argumentado López Gil.
El concejal isleño ha defendido que desde que se puso en marcha ordenanza con motivo de la sequía severa existente, el Ayuntamiento sí ha reducido el 20% de su consumo, situando "el problema" en que "el 80% del consumo de toda la ciudad es consumo doméstico y ahí solo se ha producido un 5% de ahorro". Ante esto, ha asegurado que se seguirán promoviendo campañas de concienciación entre la población.
Por su parte, el concejal delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha detallado sobre esta medida que "habitualmente" existen tres tramos de consumo en distintos bloques con un coste mayor en función del incremento de consumo. Así, con la reestructuración se aumentará la diferencia que existe entre los bloques, especialmente en el tercer bloque de consumo, que es el relativo a "consumos excesivos o derroches".
Todo ello, ha aclarado, con el reto "claro" de que "quien mantenga un consumo básico o medio va a seguir pagando básicamente lo mismo en su factura bimensual y sin embargo quien consume los tramos más altos, tenga que pagar bastante más por ese agua".
Según ha especificado, se plantearán subidas progresivas en la factura del agua que se notarán especialmente en aquellas viviendas y comercios que registren mayores consumos, todo ello teniendo en cuenta el número de miembros en el domicilio.
En definitiva, Fernando López Gil ha argumentado que la intención de la reestructuración de la ordenanza municipal es incentivar económicamente el ahorro del agua, penalizar económicamente a aquellos que son grandes derrochadores del agua, e introducir medidas sociales para paliar la situación de la subida de los precios de la inflación en aquellas personas que tienen menos recursos.
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