Puntales y vallas en los Juzgados de Algeciras, que presentan daños estructurales: exigen la dimisión de la delegada de Justicia

CSIF denuncia graves riesgos en los juzgados de Marzales en la ciudad del Campo de Gibraltar y critica a la responsable política por obligar a los trabajadores a regresar a estas instalaciones

Estado de los Juzgados de Marzales, en Algeciras, con vallas y puntales.
Estado de los Juzgados de Marzales, en Algeciras, con vallas y puntales.
04 de marzo de 2026 a las 10:12h

El sindicato CSIF ha exigido la dimisión inmediata de la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Cádiz, Ana María Bertón, por lo que considera una gestión “imprudente” al ordenar la vuelta a los juzgados del Palacio de Marzales, en Algeciras, sin que exista una garantía clara sobre la seguridad del edificio.

Según el sindicato, la responsable de la Administración de Justicia en la provincia habría obligado tanto a funcionarios como a usuarios a acudir nuevamente a las sedes judiciales de lo Penal del 1 al 5 ubicadas en este inmueble, pese a que se desconoce el alcance real de los daños estructurales que presenta tras las últimas lluvias torrenciales.

Desde CSIF consideran que esta decisión se ha adoptado sin las garantías necesarias en materia de prevención y seguridad laboral, ya que el edificio fue desalojado previamente por problemas derivados del deterioro estructural y por la falta de mantenimiento acumulada durante años. En el edificio hay puntales y vallas con espacios restringidos. 

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Puntales instaladas en los Juzgados de Algeciras.

Denuncia ante Fiscalía e Inspección de Trabajo

El sindicato ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para que analice si la actuación de la Delegación podría conllevar algún tipo de responsabilidad penal. Paralelamente, también ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por una serie de irregularidades en el procedimiento seguido.

Entre ellas, CSIF destaca que la decisión se habría tomado sin un informe previo del técnico de prevención de riesgos laborales, sin consultar a los funcionarios afectados ni a sus representantes sindicales y convocando el Comité de Seguridad y Salud sin respetar los plazos legales establecidos.

Además, la central sindical señala que existe un informe técnico elaborado por tres especialistas en ingeniería de la edificación y arquitectura técnica del Estudio Labrum, contratado por la propia Consejería, que advierte de patologías graves en el edificio.

Ese documento recoge problemas como corrosión en armaduras con pérdida de sección de acero, desprendimientos en cornisas, daños en la cubierta y posibles riesgos en la capacidad portante de los forjados. También señala que es necesario realizar un estudio específico para determinar si estos daños afectan a la estabilidad estructural del inmueble.

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Vallas con zonas restringidas en Marzales.

Humedades, hongos y zonas intransitables

CSIF denuncia que, además de los problemas estructurales, el personal trabaja actualmente en un entorno con humedades, malos olores y presencia de hongos, con gran parte del edificio intransitable.

Según el sindicato, la Delegación se ha limitado a instalar una marquesina y un vallado perimetral para evitar accidentes por desprendimientos, sin abordar el problema de fondo.

Para la organización sindical, el caso del Palacio de Marzales es solo “la gota que colma el vaso” de una gestión que consideran deficiente desde 2022. CSIF también critica la implantación del nuevo sistema de Tribunales de Instancia, que asegura ha generado caos organizativo y problemas de espacio en varias sedes judiciales de la provincia.

El sindicato denuncia que en ciudades como Cádiz, Jerez y Algeciras los funcionarios trabajan hacinados, compartiendo despachos donde antes había un solo trabajador y ahora se concentran hasta cuatro.

Ante esta situación, CSIF sostiene que en la Delegación territorial se ha normalizado “la dejadez y el abandono institucional”, con sedes judiciales deterioradas, falta de mantenimiento y carencias de mobiliario básico. Por todo ello, ha reclamado no solo la dimisión de la delegada territorial, sino también el cese de la Secretaría General Provincial, a la que responsabiliza igualmente de la situación.

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Francisco Romero

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