La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha pedido hoy a la dirección provincial del PP de Cádiz que tome medidas ante la investigación judicial que salpica a varios miembros de su organización que ocupan cargos actualmente como el presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz o el delegado de Empleo de la Junta, Daniel Sánchez. Además hay otras cinco personas señaladas en el auto, cuatro de ellos también pertenecientes al PP. También está implicado el que fuera alcalde socialista entre 1995 y 2011, Antonio Jesús Verdú. De momento, la Junta de Andalucía no ha hecho valoraciones sobre el tema.
La dirigente socialista considera que el PP debería apartarlos de las instituciones pues la jueza observa motivos racionales suficientes para atribuir indiciariamente a los investigados la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
A la espera de los escritos de calificación y la apertura de juicio oral, Ana Carrera entiende que "hay razones oportunas para que el PP asuma responsabilidades políticas por las irregularidades detectadas en muchos procedimientos de subvención y de contratación con la Administración Pública donde no se han cumplido con los requisitos legales y que venimos denunciando desde hace años, sin que tomaran cartas en el asunto que ahora tendrá que dirimirse en un juzgado".
"El PP juega con las dilaciones que se producen para ganar tiempo porque estos casos arrastran del año 2014 pero sabe que al final tendrá que responder por estos episodios de corrupción en la esfera política que dañan su credibilidad", señala para advertir de que "le quedan diez días para asumir que esos cargos del PP hoy en día en activo, al frente de instituciones muy importantes en esta provincia como la Diputación o la Junta, tendrán que dar un paso atrás, si ellos por sí mismos no presentan la renuncia, el partido debería cesarlos y suspenderlos de militancia provisionalmente, según sus estatutos".
"Cuando accedió al poder el PP al ayuntamiento de Vejer en el año 2013 pensó que podía saltarse la legalidad en los contratos administrativos del ayuntamiento, esta forma de actuar del PP ha sido reprobada judicialmente en la sentencia de la red Gürtel y no ha sido muy edificante, así que harían bien Bruno García y su dirección en apartarse de este tipo de prácticas", ha demandado.
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