Un enorme cartel cuelga de un edificio frente al Ayuntamiento y a pocos metros de la Delegación Municipal de Urbanismo: No a los derribos de viviendas de primera ocupación. Y lo firma la Corporación municipal de Conil de la Frontera, que aprobó por unanimidad exhibir esa pancarta como gesto hacia los cientos de vecinos y vecinas que temen que la piqueta se lleve por delante sus viviendas irregulares.
Un mar de unas 7.000 casas que se encuentran en el vasto diseminado del cotizado municipio de La Janda gaditana. Entre ellas, hay quien vive allí de toda la vida y hay quien está aprovechando el filón del boom turístico y las segundas residencias vacacionales. Necesidad y especulación forman un todo donde la legalidad vigente no pone líneas rojas.
Entre la veintena de afectados con expedientes con orden de demolición "inminente" —desde hace tres años y medio— de sus viviendas irregulares en el diseminado se encuentra Sergio Cáceres, que formaba parte de la Plataforma de Afectados de Viviendas Irregulares de Conil (Pavic) y que tras las pasadas municipales de mayo de 2023 forma parte del gobierno local de Conil liderando la agrupación municipal Siempre Conil.
En un tripartito que comparte con Andalucía X Sí y Partido Popular, Cáceres está ahora acusado por la Fiscalía Anticorrupción, junto al ex delegado de Urbanismo, Pedro Pérez (PP) —que dimitió el pasado mes de abril, ni dos años después de tomar posesión— y su predecesora María del Carmen García (Izquierda Unida), de un delito de prevaricación al haber podido, presuntamente, hacer dejación de funciones en el control de las ilegalidades urbanísticas detectadas en el municipio.
Sergio Cáceres: de pelear por regularizar viviendas al gobierno local; ahora, bajo la lupa judicial
Cuando saltó a la luz pública la noticia de la investigación judicial, instrucción que sigue su curso —esta misma semana volvió a presentarse la Policía Judicial en dependencias de Urbanismo—, Siempre Conil quiso aclarar que Cáceres "no tiene ni ejerce ninguna competencia en materia de urbanismo y que desde la delegación de Personal —responsabilidad que ostenta— no se decide nada en materia de urbanismo". "Nuestro compañero, Sergio Cáceres, se muestra absolutamente colaborador en el momento en que la Fiscalía Anticorrupción lo llame a declarar", añadían. A preguntas de lavozdelsur.es, Cáceres no ha querido hacer declaraciones.
La denuncia presentada por el Ministerio Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana abarca los años 2021 y 2024, cuando "no se incoaron en el término municipal de Conil, "en numerosas ocasiones, los expedientes sancionadores, ni se impusieron sanciones económicas, ni se impidió la terminación de las obras denunciadas por parte de la Policía Local".
Antonio Aragón: "El derribo no es una solución; abogo por la regularización"
Quien sí ha valorado la controvertida situación judicial que se vive en Conil ha sido Antonio Aragón, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Conil, delegado de Urbanismo y diputado provincial, quien en una entrevista que este periódico publicará íntegramente este fin de semana habla de una instrucción que nace a partir de un informe que dos policías locales presentan a su superior y en el que alertaban de la "continua inacción de la Corporación local" al tramitar los expedientes que se abrían en sus labores de vigilancia de inspección urbanística.
"Lo primero que tiene que tener la ciudadanía —ha expresado el responsable político— es conciencia de que construir en un terreno rústico es un delito contra la alteración del territorio. Sabiendo la ciudadanía eso, allá cada uno con las consecuencias. Yo me voy a basar en un problema que llevamos muchos años advirtiendo: que estaba existiendo una proliferación de viviendas irregulares en suelos rústicos, una alteración contra el territorio, y me voy a basar desde que hemos llegado nosotros hacia adelante".
A partir de lo anterior, ha abundado, que a nivel personal, "no soy de los que abogo porque el derribo es una solución. El derribo no es una solución. El derribo puede ser un toque de atención, pero no es una solución. Yo abogo por la regularización. Creo que la regularización es por donde tenemos que ir. Y esa es la línea en la que vamos en el Ayuntamiento de Conil: por la regularización de esas viviendas que están en suelos rústicos". "Frenar lo que siga proliferando y regular lo que hay. ¿Qué pasa? Que aquí también juega un papel fundamental ese nuevo Plan General que abarca un nuevo ámbito. Y ese nuevo ámbito, ese nuevo anillo que se crea, también va a dar regularidad y regularización a muchas de las viviendas que se encuentran en esos terrenos".
Así las cosas, Aragón ha valorado que "la única receta que yo entiendo que puede amortiguar la proliferación de viviendas irregulares es el abaratamiento de la vivienda en renta libre, y la puesta en carga y el ofrecimiento de viviendas en régimen de alquiler asequible o VPO en venta".
En paralelo a lo anterior, también ha incidido en la necesidad de aumentar los controles de nuevas reparcelaciones o construcciones ilegales en suelo rústico. "Te cuento una cosa que muchos responsables municipales no te contarán, pero es que el competente en la vigilancia de la ordenación del territorio es el Ayuntamiento. La ley es la misma para toda Andalucía y para eso está lo que pintan los planes generales de ordenación".
De hecho, ha advertido, "desde que hemos llegado al equipo de gobierno hemos intentado vigilar eso. Se han instalado paneles informativos advirtiendo de que construir en suelo rústico implica un delito contra la alteración del territorio que puede estar bajo multa o bajo cuestiones más duras que establezca la ley. Estamos llevando a cabo esa vigilancia porque creo que conservar lo actual es proteger el futuro de los que vengan detrás".
"Mi compañero Pedro fue un valiente"
Sobre la dimisión de su predecesor en el cargo, Pedro Pérez, y su posterior inclusión en la investigación judicial del caso abierto por Anticorrupción, Aragón mantiene que "mi compañero Pedro fue un valiente: cogió una delegación en un momento muy complicado, con esa denuncia de Fiscalía, requerimientos, pero que hoy recoge el fruto que sembró él, planeamientos a punto de ponerse en marcha, plan parcial...".
Desvinculándolo de la denuncia, asevera que el ex delegado de Urbanismo "mantuvo el equilibrio en una delegación extremadamente complicada y hoy salimos con muchas cosas adelante gracias a su trabajo. Es un chaval joven, ni 30 años, y es un arquitecto con una trayectoria profesional por delante importante, con oportunidades que se le han presentado y que ha tenido que coger. Es una pena perder a una persona de tanta valía y valentía, pero lo tenemos ahí aconsejándonos".