Ustea-Cádiz censura que en los centros educativos gaditanos siguen sin cubrirse 900 de las 1.175 horas solicitadas para este curso por los equipos de orientación educativa. CSIF denuncia que 15 institutos de la provincia carecen de personal administrativo.

Ustea-Cádiz denuncia que al final del primer trimestre, en los centros educativos de la provincia siguen sin cubrirse 900 horas de las 1.175 solicitadas para este curso por los equipos de orientación educativa, y el CSIF censura la falta de cobertura de 213 plazas de personal no docente. Más de tres cuartas partes del cupo necesario sigue sin estar atendido y en la Delegación de Educación achacan parte del retraso a ciertas dificultades técnicas al gestionar los contratos de este tipo de personal, pero, sin duda, desde principios de curso ha pasado ya un tiempo razonable para que se solventaran y la Delegada aseguró tener constancia de todos los casos gracias a la Junta de Personal celebrada hace más de un mes, pero la situación apenas ha cambiado, ha explicado el sindicato provincial a través de una nota.

Los profesionales técnicos de Integración Social (PTIS), a los que se llama monitores y no profesionales desarrollan una labor indispensable como garantes de la atención a la diversidad, pues desempeñan una labor fundamental en los centros educativos, acompañan y están a cargo del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), colaboran en su bienestar en el aula, en el desarrollo de su autonomía y en la integración con sus compañeros y compañeras. En base a esta carencia, Ustea-Cádiz ha exigido a la Junta que estos puestos de centros públicos los ocupen personal laboral contratado mediante convocatoria pública y con la garantía del requisito de una formación específica como Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). Además de denunciar la práctica habitual de externalizar el servicio a empresas privadas sin que medie un criterio claro a la hora de asignarlas a un centro concreto y no a otro. 

Por su parte, CSIF ha denunciado públicamente, a través de una nota, la grave falta de cobertura de plazas del personal de Administración y Servicios en los centros educativos de la provincia de Cádiz. Según los datos trasladados por Delegación Provincial de Educación el pasado 28 de noviembre, son 213 plazas las que están por cubrir, de los cuales 136 son funcionarios y 77 corresponden a personal laboral. Según dichos datos, actualmente hay 15 institutos en toda la provincia sin personal administrativo, de modo que son trabajadores de otras categorías las que realizan sus funciones (normalmente, durante más de seis meses, que es lo que marca el convenio colectivo como máximo para este tipo de excepcionalidad). A esto hay que sumar 11 institutos, en los que, con más de 900 alumnos, sólo cuentan con un único administrativo. 

"Son 213 plazas las que están por cubrir, de los cuales 136 son funcionarios y 77 corresponden a personal laboral"

Para CSIF, esta situación, además de perjudicar el servicio de atención al alumnado, afecta a los empleados públicos, que se ven obligados a realizar un sobreesfuerzo físico y mental para mantener los servicios de calidad que han de prestar tanto en la Delegación como en los centros educativos de la provincia. Del mismo modo, CSIF también denuncia  la  lentitud  en  la  cobertura  de  las  sustituciones temporales que se producen por incapacidad temporal u otros motivos entre el personal laboral (suelen tardar unos 15 días en ser cubiertas). En cuanto al personal funcionario, la situación es aún peor, pues apenas se cubren. 

Y desde Ustea-Cádiz señalan algunos ejemplos de centros educativos de Infantil y Primaria afectados por la falta de monitores especiales son, en Puerto Real, el CEIP Elvira Lindo, el CEIP Reyes Católicos (que cuenta con alumnado invidente y dos autistas en la misma clase) y el CEIP Río San Pedro, donde cursa sus estudios un niño con espina bífida sin profesional durante dos horas al día; en San Fernando, el CEIP Juan Sebastián Elcano, que tiene sin atender correctamente alumnado con necesidades asistenciales de alimentación, deambulación e higiene; en Chiclana, el CEIP Carmen Sedofeito, que también necesita más atención, y el CEIP El Trovador, donde el número de alumnos y alumnas con NEE es realmente elevado, incluso para las monitoras del centro donde además hay un niño de educación infantil que necesita atención permanente; en Cádiz capital, destaca la situación del CEIP Adolfo de Castro, que sólo tiene un monitor externalizado a media jornada; en Jerez se repiten los problemas de la Bahía en el CEIP Tartessos, en el CEIP Gloria Fuertes, en el CEIP Elio Antonio de Nebrija, con un número muy elevado de alumnado con autismo, y en el CEIP Montealegre, entre otros casos. 

Los maestros y las maestras de cada grupo resuelven esta papeleta como pueden, responsabilidad que corresponde a la Junta de Andalucía. Esta actitud del PSOE andaluz obliga al profesorado a multiplicar sus funciones, actuar sin recibir la formación profesional sanitaria requerida y dar clase con ratios excesivas.  Los principales afectados los y las docentes especialistas en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, cuya labor establecida es sin embargo de apoyo curricular y no asistencial. Además, los propios PTIS se ven muchas veces abocados a trabajar el doble en la mitad de tiempo, con horarios a media jornada o con menos horas aún, repartiéndose a veces incluso entre dos centros. Desde Ustea-Cádiz han denunciado que todo esto supone una precarización de su trabajo y una flagrante devaluación de la enseñanza, en particular, de la atención a la diversidad. Y aún no hemos hablado del último parche posible, el más lamentable de todos: la no escolarización del alumnado afectado durante determinadas horas del día. 

Los principales afectados son los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, que no reciben la atención que debieran, por más autocomplacencia que muestre la Junta en estos temas. Pero también los Profesionales Técnicos de Integración que se quedan sin trabajo, los docentes que han de dejar de lado otras tareas, y al final, en su conjunto, toda la comunidad educativa, que en algunos lugares, agotadas las vías administrativas y la paciencia, están organizando inminentes movilizaciones.

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