Más de 83.000 empleadas y empleados públicos de la provincia de Cádiz se verán beneficiados por la subida salarial del 11% acordada entre el Gobierno de España y los sindicatos UGT y CSIF, un pacto al que también se ha adherido CCOO. La medida establece una senda de incremento entre 2025 y 2028 que, sumando arrastres, alcanzará el 11,45%.
La diputada socialista Mamen Sánchez y la representante de UGT, Victoria Corbacho, presentaron en rueda de prensa provincial los detalles del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y la Atención a la Ciudadanía, que recoge avances estructurales para modernizar la administración y reforzar la estabilidad laboral.
Sánchez destacó que este acuerdo “consolida el reconocimiento imprescindible a quienes sostienen los servicios públicos en la provincia”, recordando que los incrementos salariales impulsados por los gobiernos socialistas contrastan con el 3,7% aprobado durante los mandatos del PP de Mariano Rajoy.
Una subida que impactará en todos los sectores públicos
La diputada subrayó que el incremento afectará a personal de la Administración General del Estado, Junta de Andalucía, ayuntamientos y sectores esenciales como sanidad, educación, justicia, servicios sociales, seguridad y emergencias. A modo de ejemplo, indicó que un trabajador con 45.600 euros brutos anuales pasará a ganar 50.815 euros en 2028, lo que supone 5.215 euros brutos más.
Asimismo, anunció que el próximo Real Decreto permitirá abonar en diciembre el pago compensatorio del 2,5% correspondiente a 2025 para más de 24.000 empleados públicos del Estado en la provincia, la que más funcionarios estatales concentra en Andalucía. A esta cantidad se sumará en enero el 1,5% adicional de 2026, alcanzando un 4% en poco más de un mes.
El Acuerdo Marco elimina la tasa de reposición y moderniza la atención ciudadana
Por su parte, Victoria Corbacho resaltó que el acuerdo supone “mucho más que una subida salarial”. Destacó avances como la eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá rejuvenecer plantillas y reforzar servicios esenciales. También subrayó la obligación de ejecutar las ofertas públicas de empleo en un máximo de un año, lo que agilizará la llegada de nuevos profesionales.
El pacto introduce, además, un modelo mixto de atención ciudadana —presencial, telefónico y electrónico—, incorpora medidas de igualdad y conciliación, protege a víctimas de violencia machista y prevé un plan de capacitación digital para adaptar al personal a los nuevos procesos administrativos.
Corbacho pidió activar de inmediato las mesas de negociación en todas las administraciones de la provincia para garantizar la correcta implementación de medidas como la carrera profesional, la estabilización del empleo y el pago de atrasos.
Sánchez concluyó que este avance “mejorará la calidad de los servicios públicos y abrirá más oportunidades de acceso a empleos estables para la ciudadanía”, mientras que Corbacho remarcó: “Donde hay empleo público está UGT, y donde está UGT se avanza”.