Una marcha pide la paralización del CETA, el Acuerdo Comercial y de Inversiones entre Canadá y la Unión Europa, que no garantiza la protección del medio ambiente y los derechos de las personas.
“Los intereses comerciales no pueden estar por encima de la democracia, los derechos de las personas y del planeta", aseguran los organizadores de una marcha celebrada en El Puerto que pretende pedir al Parlamento europeo que no vote a favor del CETA (Acuerdo Comercial y de Inversiones entre Canadá y la Unión Europa), también conocido como el TTIP Canadiense, un tratado que ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá, por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas.
Más de 3,5 millones de ciudadanos europeos han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso, la plataforma provincial Cádiz contra el TTIP organizó una manifestación en El Puerto, en la que participaron varios cargos públicos (alcaldes y concejales de algunos ayuntamientos de la provincia), así como miembros destacados de direcciones locales y provinciales de diversos partidos y organizaciones sindicales.
"¡No al CETA! !No al TTIP!”, gritan los manifestantes de una marcha que partió desde la estación de tren de la localidad portuense y en la que participaron unas 500 personas pertenecientes a distintos colectivos sociales, organizaciones sindicales y partidos políticos. Movilizaciones similares también han sido convocadas en la mayoría de las provincias del Estado Español y en otros países de la Unión Europea, con el propósito de reclamar al Parlamento europeo su voto contrario a la ratificación del CETA.
Los portavoces de la plataforma muestran así su rotundo rechazo a este acuerdo comercial, y pide al Parlamento Europeo, al parlamento canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales que tienen voz y voto en el proceso de ratificación, a defender los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA, votando en contra de la ratificación de dicho tratado.