La jueza que instruye el caso de los contratos sospechosos del SAS en la provincia de Cádiz ha declarado a través de un auto que la Junta de Andalucía sería la responsable civil subsidiaria de existir irregularidades. En un auto, considera que esta posición es "del todo punto ajustada a derecho".
En apenas diez días, la administración ha pasado de intentar personarse como acusación particular, en calidad de perjudicada, a solicitar ser responsable civil subsidiaria, lo que implicaría pagar si se confirman daños al erario público y los funcionarios implicados no pudieran hacer frente a posibles indemnizaciones. Una posición que, en la práctica, la llevaría a pagarse a sí misma en caso de condena. La jueza deberá ahora pronunciarse sobre esta situación, que algunos consideran jurídicamente absurda. Sin olvidar en que a lo que se investiga es al SAS.
Dicho de otro modo, la Junta, como administración, y como organismo del que depende el SAS, sería en esta investigación 'parte perjudicada' por el hecho de que se pudiera determinar que hubo un mal uso de fondos públicos; a la vez, que se le pueda considerar responsable civil subsidiario significa que si se malversaron fondos, se viera obligada a pagar por esos perjuicios económicos. Paradójicamente, cuando en realidad se tendría que pagar 'a sí misma', lo cual obedece a una lógica judicial. Y todo esto, cuando la investigación va contra la propia Junta, al ser el SAS en Cádiz el objeto de la investigación. Una triple posición en este proceso.
La resolución judicial responde a los recursos presentados por Podemos, que denunció el posible fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235 millones de euros en la provincia de Cádiz, y por la propia Junta de Andalucía. El partido recurrió la presencia de la Junta como responsable civil subsidiaria, mientras que el Ejecutivo autonómico se opuso a la personación del partido morado como acusación popular.
Ambas impugnaciones se dirigían contra el auto dictado el pasado 2 de abril, en el que la magistrada aceptaba la personación tanto del SAS como responsable civil como de Podemos en calidad de acusación popular. La jueza ha ratificado ahora aquella decisión, desestimando ambos recursos.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la jueza recalca que “dado el carácter embrionario de la investigación, la posición del SAS” es “del todo punto ajustada a derecho”. La magistrada subraya que esta valoración se justifica también por la actitud del principal investigado, que se ha negado a declarar y no ha aportado ninguna explicación sobre la prórroga de contratos ni sobre la realización de contratos menores.
La referencia directa es a Demetrio González Mera, director económico de la central de compras del SAS en Cádiz, quien es hasta el momento la única persona investigada en este procedimiento. El pasado 30 de abril, González Mera rechazó responder a las preguntas formuladas por la jueza, la Fiscalía y la acusación popular, limitándose a declarar ante su abogado y negando haber tenido conocimiento de irregularidades.
La magistrada considera que esta falta de colaboración del investigado refuerza la necesidad de mantener a la Junta como responsable civil subsidiaria, dado el alcance de los hechos que se están analizando y la implicación institucional del SAS.
Una estrategia contradictoria de la Junta
Por su parte, la jueza también ha rechazado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra la personación de Podemos como acusación popular. Aunque admite un defecto en el trámite seguido por el partido, sostiene que este “es subsanable” y no impide su participación en el proceso.
La magistrada advierte que "el derecho a la tutela judicial efectiva quedaría sin efecto si se exigiera de forma estricta los requisitos formales" en una causa que pone sobre la mesa “unos hechos de relevancia penal” que deben ser investigados con el objetivo de “determinar las personas responsables y recabar cuantas pruebas se estime necesarias”.