Más de 4.000 familias de la provincia de Cádiz podrán acogerse a la renta mínima de inserción, una nueva ayuda del Gobierno andaluz destinada a combatir la exclusión social, que puede solicitarse desde el pasado 1 de enero. La ayuda oscila entre los 420 y los 780 euros mensuales dependiendo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y que sustituye al Ingreso Mínimo de Solidaridad, cuenta con una dotación de 198 millones de euros este año. "Se trata de un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente para impulsar la integración no solo social sino laboral de las personas que lo vayan a percibir y que va a atender situaciones de exclusión y pobreza", explica Araceli Maese, parlamentaria andaluza del PSOE, quien recuerda que "el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto con los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar".
Entre los requisitos, se establece estar empadronados de forma estable desde al menos un año antes y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el SAE. Los posibles beneficiarios son personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; personas de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; personas huérfanas de ambos progenitores; víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; las que se encuentran en situación de emergencia social e incluso las mayores de 65 años con menores a cargo.
Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial. "El objetivo es atender a la persona y sus responsabilidades familiares para que pueda reconducir su situación cuanto antes, de hecho, el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses", apunta Maese. La parlamentaria andaluza señala que a la hora de conceder la renta mínima no se computarán las pensiones de alimentos, las remuneraciones por acogimiento familiar, las prestaciones por hijo a cargo, las pensiones de orfandad, las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia, y las becas para educación o la formación y el transporte.
"Volvemos a ser pioneros en Andalucía y por eso queremos que el Gobierno tomase buena nota, ya que es necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo", dice Mase, para la que "esta prestación surge ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central".
La renta mínima de inserción, insiste la parlamentaria andaluza, trae un nuevo modelo de atención basado en criterios de universalidad, donde se da prioridad a las familias con hijos menores de edad, a las unidades familiares monomarentales/monoparentales, y también se le va a dar prioridad a las mujeres víctimas de violencia de género. "Nos sentimos orgullosos de la sensibilidad del Gobierno andaluz de Susana Díaz hacia todos todas las personas que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad social", señala Maese, quien critica "la actitud de Podemos e IU, mientras que del PP nos lo esperábamos al abstenerse en la convalidación del decreto-ley de la renta mínima de inserción social en Andalucía".
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