“Tenemos al enemigo dentro”, decían trabajadores de mantenimiento de los hospitales y centros sanitarios de la provincia hace unos meses, en una concentración celebrada en la puerta principal del Hospital de Jerez. Desde que en noviembre de 2017 el Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicara una convocatoria para subrogar estas labores en favor de una empresa privada, los empleados no están tranquilos. Creen que la intención de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía es ir creando el caldo de cultivo perfecto para que, dentro de unos años, lo gestionen íntegramente empresas privadas.
"La prestación del servicio a que obliga el contrato tiene como finalidad garantizar la máxima disponibilidad y operatividad de edificios, urbanización, instalaciones y equipos, en condiciones de seguridad, calidad de servicio y eficiencia, cumpliendo la normativa legal obligatoria y guardando la estética y buena presencia de los centros tanto en materiales como la ejecución y terminación de los trabajos”, recoge el pliego, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, y que aún no tiene adjudicatario. La Junta asegura que es “rotundamente falso que el contrato ponga en riesgo los puestos de trabajo públicos”, pero los empleados no se fían. “Es una privatización encubierta”, sostienen en declaraciones a este periódico, y añaden: “La plantilla ha ido envejeciendo, se cubren bajas según necesidades, pero otras vacantes no”.
Los sindicatos apoyan las reivindicaciones de los empleados. CCOO, UGT, CSIF, CGT o USO han desplegado sus banderas y arropado las concentraciones realizadas hasta ahora. El último nombrado, Unión Sindical Obrera, critica en un comunicado que “las plantillas son reducidas paulatinamente”, y que “se da la paradoja de que en alguno de ellos cuando se nos imponen servicios mínimos a causa de huelga hay más personal en el turno que en los días usuales”. La deriva de estos servicios viene de años atrás, cuando, en 2008, la Junta decidió suprimir las categorías de calefactor, fontanero, electricista, mecánico, albañil, pintor, carpintero, jardinero, jefe de taller y conductor de instalaciones, que regían hasta entonces, siendo todos ellos, desde ese momento, técnicos de mantenimiento, sin más especificaciones, por lo que un mismo trabajador, en la práctica, podría servir para realizar todo tipo de tareas.
Los sindicatos dicen que "entre la falta de personal, el caos y descualificación creados se están produciendo fallos y averías que pueden producir lesiones graves"
“Los hospitales no pueden contratar a un operario con conocimientos de electricista, ya que en el listado de la supuesta bolsa de trabajo —abierta en 2016 y aún sin baremar— solo existe el técnico superior en mantenimiento de edificios y no se especifica con conocimientos en electricidad, mecánica o fontanería”, censuran desde USO. La unión sindical señala que “todo esto se agrava con la salida a concurso de los servicios de mantenimiento general de los centros sanitarios, en principio en la provincia de Cádiz y luego se hará extensivo al resto de las provincias, donde se externaliza servicios y funciones”.
“Desde los servicios de mantenimiento queremos alertar que entre la falta de personal, el caos y descualificación creado con los cambios de categorías provocados por la Administración y la llegada de empresas privadas que vienen a lucrarse y desconocen las instalaciones integradas en los hospitales, se están produciendo fallos y averías que pueden producir lesiones graves, tanto al propio personal como a los usuarios”, apunta USO, que pone como ejemplos los accidentes producidos en ascensores —como el que provocó una muerte en el Hospital de Valme de Sevilla—, tuberías —en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén o en el Infanta Elena de Huelva— y fruto de filtraciones —como la inundación de una planta del Puerta del Mar de Cádiz—.
El sindicato explica que “en un hospital hay instalaciones muy peculiares —gases medicinales, cuadros de aislamientos quirófanos, UCI, rayos, urgencias, equipos de esterilización, centralitas de comunicaciones— que requieren conocimientos concretos y característicos para su conservación y reparación, que son fundamentales para el funcionamiento diario de un hospital”, para lo que “se está contratando personal con la especialidad de técnico con funciones de técnicos especialista creando un fraude no solo al trabajador, sino también a la Seguridad Social, pues se cotiza como una categoría inferior y se realizan trabajos y funciones de una superior”.
Los empleados consultados por lavozdelsur.es aseguran que están “con las mismas funciones anteriores —a 2008— pero trabajando en una categoría que no es la nuestra”. El pliego publicado a final del año pasado, que recoge la intención de externalizar el servicio de mantenimiento, “es una nueva amenaza”, apuntan estas fuentes, que señalan que “lo novedoso es que afecta a toda la provincia”. “La inseguridad que tenemos —añaden— viene motivada porque el SAS está trabajando el terreno para tener las circunstancias idóneas que les permitan justificar la privatización del servicio”. Estos mismos empleados agregan que “cada vez se da más prioridad a la empresa privada en vez de potenciar el mantenimiento público”. De ahí sus miedos.
Los trabajadores temen que si el servicio cae en manos privadas se produzca "un deterioro progresivo de las instalaciones"
“Con el paso de los años y con la llegada de de las nuevas tecnologías y nuevos materiales, el mantenimiento hospitalario se hace más especializado y se diversifica creándose nuevas especialidades incluso dentro de un mismo oficio, lo que da a lugar a nuevas privatizaciones como por ejemplo electromedicina e informática, viendo que tanto los equipos directivos de los hospitales como los altos cargos del SAS apuestan por privatizar y externalizar servicios en vez de reciclar a su propio personal y darles más competencias”, critican desde USO.
La normativa que entró en vigor en 2008 creó “una clara discriminación entre las antiguas categorías de albañil, pintor y carpintero (técnicos en las nuevas categorías grupo D) y fontaneros electricistas, mecánicos, calefactores (Técnicos especialista en las nuevas categorías grupo C2), mientras los jardineros y peones se quedan en grupo E”, relatan desde la unión sindical, que apunta que la orden de 16 de junio de 2008 generó un “caos”, ya que “no existe bolsa de contratación para mantenimiento y se hacen contrataciones a dedo sin titulación requerida utilizando al personal como chico para todo sin pagarles horas extras”. Por eso aseguran que “queda demostrado que el mantenimiento privado es más costoso económicamente hablando y menos eficiente laboralmente que el mantenimiento público”, ya que “el objeto de cualquier empresa es sacar el mayor beneficio posible”, algo que consigue “abaratando los costes de material, bajando sus calidades provocando más averías y produciendo un deterioro progresivo de las instalaciones”.