La Policía Nacional ha detenido a doce personas e investigado a otras dos a causa de las presuntas irregularidades por supuesta malversación del dinero procedente del erario público en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC). El 091 informa en un comunicado que la presunta malversación de dinero procedente del erario público se ha estimado en un perjuicio económico por valor superior a los siete millones de euros sin contar los beneficios que hubieran podido obtener los encartados a través de su participación en los hechos investigados.
La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta en la Fiscalía Provincial de Cádiz en el año 2013, por el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC), con ocasión de la firma de un acuerdo regulador de las relaciones de los empleados públicos del CBPC en el año 2010 y la posterior contratación de una póliza de jubilación anticipada dirigida en principio al gremio de los Bomberos de Cádiz, beneficiando principalmente a dirigentes del consorcio en detrimento del resto de bomberos, un asunto del que informó lavozdelsur.es en diciembre de 2015. Durante las primeras pesquisas, los investigadores detectaron supuestas prácticas irregulares e ilegales en distintos ámbitos de la gestión del CBPC, principalmente en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2014.
Por todo ello, la causa fue derivada al Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz quien pasó a dirigir la instrucción desde el año 2014. A lo largo de tres años el trabajo policial ha sido intenso, teniendo que analizar una extensa documentación y realizar las diligencias de investigación e indagaciones oportunas para recabar los indicios de criminalidad en los hechos denunciados, así como el descubrimiento de la comisión de nuevas presuntas irregularidades que salieron a la luz fruto de las pesquisas y el trabajo exhaustivo de los agentes.
Esto reveló todo un historial de actos y procedimientos, a priori fraudulentos, que habrían sido cometidos por quienes dirigían entonces el CBPC, algunos de los cuales todavía continúan en sus cargos, y por los responsables de las empresas contratadas, en beneficio de unos y otros, en contra del interés público y del propio consorcio, que como organismo dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz y del resto de Ayuntamientos que lo conforman, se habrían visto perjudicados económicamente. Entre las supuestas irregularidades detectadas se encuentran la firma de un acuerdo regulador y la contratación de un plan de jubilación anticipada para el personal operativo del CBPC en cuyo contenido se habrían llevado a cabo decisiones sin tener en cuenta la legislación vigente y que garantizaría una pensión complementaría a la pensión pública que recibirían los bomberos en el caso de pasaran a la situación de segunda actividad desde los 58 años hasta su jubilación efectiva a los 65 años.
Además, los investigadores encontraron irregularidades en el área de formación, en convenios suscritos con un sindicato y en la justificación de la subvención recibida por el INAP, así como la contratación de la empresa elegida para impartir la formación online para el personal del CBPC. Esta sociedad mercantil, al parecer habría sido creada ad hoc para prestar el servicio, siendo seleccionada por el Consorcio, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, dándose la circunstancia que la empresa no prestó el servicio contratado.
Así pues, tras recabar todas las pruebas que determinaban la presunta responsabilidad penal de los investigados se procedió a la detención de nueve personas y a la citación de otras dos personas implicadas en calidad de investigados cuyas diligencias se desarrollaron en la Comisaría Provincial de Cádiz. La otra parte fue practicada en colaboración por el Grupo VII de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, que procedieron a detener a tres miembros de una sociedad mercantil dedicada a la consultoría de formación con sede en la capital de España y que actualmente se encuentra en fase de liquidación. Los detenidos, así como los investigados, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios.
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