La calidad del agua de 19 municipios de la provincia de Cádiz está "comprometida"

El comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana denuncia supuestas irregularidades en el sistema de aseguramiento de la garantía de la calidad sanitaria de las aguas

Depósitos que el CAZG tiene en Jerez.
Depósitos que el CAZG tiene en Jerez.

El comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) denuncia ante la opinión pública que la entidad viene adoptando una serie de actuaciones respecto del sistema de gestión de aseguramiento de la garantía de la calidad sanitaria de las aguas abastecidas a la población gaditana. A su juicio, estas acciones son de dudosa legalidad laboral y/o administrativa, tienen escasa legitimidad ética, son totalmente arbitrarias e hipotecan algo tan serio como es la garantía sanitaria del agua potable que se suministra a casi un millón de usuarios, así como a industrias, organismos asociados a la defensa, hospitales y otras entidades de importancia.

Ante esto, y desde la perspectiva laboral, el comité de empresa asegura que se ha visto obligado a cursar denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra el Consorcio de Aguas al considerar que, entre esas actuaciones, se ha incurrido en prácticas laborales ilegales, tipificadas en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Los hechos constitutivos del presunto fraude laboral denunciado son que, el ente supramunicipal, solicitó oferta a Hidralia S.A. para llevar a cabo la “asistencia técnica de control y gestión de la calidad del agua”, con el único propósito de cubrir una baja laboral y realizar una serie de actividades que, a la postre, desmantelan los sistemas de gestión de la calidad sanitaria y que, además, resultan ser coincidentes con las funciones que ya son realizadas por empleados públicos contratados para ese fin, por lo que el comité entiende que "estamos ante una práctica de cesión ilegal de trabajadores susceptible de sanción por infracción laboral muy grave".

Por todo ello, el comité de empresa del CAZG considera que nos encontramos ante "un tráfico ilegal de trabajadores por el que, de corroborarse los hechos por la Autoridad Laboral y entre otras consecuencias, la empresa puede ser sancionada administrativamente por cometer cesión ilegal, al infringir además los artículos 8º.2 y 18º.3.e) de la Ley de Sanciones e Infracciones en el Orden Social, siendo ambos casos catalogados como infracciones muy graves, que pueden llegar hasta los 187.515 euros de multa y que, en casos extremos, podrían derivarse aspectos penales relacionados con el art. 312º del Código Penal".

Desde mayo de 2016 se conoce que el sistema de gestión de la inocuidad no cumplía con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 22.000

Desde el punto de vista administrativo de la contratación, bajo un aparente contrato de servicios se propuso y efectuó, única, exclusiva y directamente, con y a, Hidralia SA, una contratación por importe de 14.914,85 euros (18.047 euros con IVA incluido) que, al ser inferior a 15.000 euros, se ampara en la modalidad de “contratación menor”, que permite eludir la aplicación de las reglas generales de contratación establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, explican en una nota de prensa desde el comité.

"Además, la supuesta premura, la clara precipitación en justificar una inexistente necesidad y los tiempos en que se produce este proceso de adquisición irregular de mano de obra, parece indicar que estamos ante un dedazo para beneficiar a una empresa sobre otras, pues estas circunstancias apuntan que el contrato estaba pre-otorgado y, por ello, solo se pidió oferta a Hidralia SA, resultando que los informes de justificación técnica de la necesidad, de la Intervención del Consorcio y la propia resolución de Presidencia se formalizaron en fecha posterior al comienzo de la prestación de los servicios por parte de una persona que, perteneciente a una tercera empresa, Interlab Laboratorios S.L, se subcontrata para cubrir la baja laboral de un trabajador que, una semana después, ya se había reincorporado a su puesto de trabajo al tener alta médica, lo que origina además un conflicto de competencias, generador de situaciones de riesgos psicosociales en el entorno de trabajo pues provoca un vaciado de las actividades de uno o más de los trabajadores contratados legítimamente para desarrollar esas funciones del sistemas de gestión de la calidad", señalan.

El comité de empresa del CAZG considera que la garantía de calidad sanitaria del agua potable suministrada se encuentra "comprometida". El Consorcio obtuvo la certificación ISO 9001 en 2008 lo que, además del cumplimiento de una obligación legal, suponía la implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad, validado mediante auditorías periódicas, y por el que todas las tareas relacionadas con la calidad sanitaria de las aguas abastecidas contaban con las máximas garantías de eficacia, fiabilidad y rigurosidad. En 2013 se abordó la implantación del sistema de gestión de la inocuidad bajo la norma UNE-EN ISO 22.000, obteniendo el 11 de junio de 2014 la certificación que nos acreditaba. Eso hizo que el CAZG fuese de los primeros grandes abastecimientos en España y el primero en Andalucía en obtener dicho reconocimiento, que suponía asegurar el suministro de agua potable con garantía sanitaria y con confianza para los usuarios de este servicio, ejemplar entonces en ese sentido, explican desde el comité.

En mayo de 2016, en la auditoría del sistema, efectuada por Gadertec, se emitió informe que concluyó que, debido a la introducción de ciertos cambios organizativos, contrarios a las exigencias legales específicas, y al establecimiento de protocolos de comunicación al margen del sistema de gestión de la inocuidad, el sistema de gestión de la inocuidad no cumplía con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 22.000, desvelándose numerosas no conformidades catalogadas como graves, entre las que podemos citar incumplimientos, o próximo a incumplimiento, de los valores legales de control del agua potable sin que, por parte del CAZG, se adoptasen medidas inmediatas para solucionarlas.

La auditoría, cuentan desde el comité de empresa, hacía responsable al área técnica del Consorcio y destacaba como puntos débiles de la organización el compromiso de la Dirección, la definición de funciones, responsabilidades y criterios de cualificación y la comunicación ineficaz del equipo de Inocuidad. "Todas estas irregularidades precisaban de una urgente reorganización del área técnica, condición absolutamente indispensable como punto de partida para readaptarla a las exigencias del Sistema de Gestión y poder recuperar la certificación, tal como se indicaba en el informe de la auditora", apunta el comité del CAZG.

Estas deficiencias, añaden, fueron puestas en conocimiento del comité directivo el 17 de noviembre de 2016, junto con un extenso informe que fue reiterado al presidente del Consorcio en 17 de febrero de 2017, "sin que hasta el momento se haya se adoptado medida alguna para restaurar dicho sistema de gestión, por lo que en la actualidad no se puede asegurar que el suministro de agua potable cuente con garantía sanitaria y confianza para los usuarios de este servicio al no cumplirse el sistema de gestión de la inocuidad en los términos de las normas citadas".

El comité de empresa del CAZG lamenta que hechos como los que relata se produzcan en el ámbito consorcial y que, al no poder se tratados con los responsables políticos por su absurda e injustificada negativa al diálogo, deban denunciarlo públicamente a fin de que se eviten prácticas que ponen en riesgo las garantías que deben ofrecerse por este servicio a la población gaditana.

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