Ha pasado una semana desde que estalló el caso que sacude al Ayuntamiento de Conil, y la situación sigue exactamente igual. El concejal Francisco Manuel Almazo Pareja, señalado por una presunta irregularidad urbanística, continúa ocupando su asiento en la Corporación municipal pese a que la propia alcaldesa, Inmaculada Sánchez Zara (AxSí), le pidió públicamente que renunciara a su acta.

Ante este bloqueo, Izquierda Unida (IU) ha vuelto a exigir su dimisión y ha reclamado explicaciones sobre cómo piensa actuar el gobierno municipal si el edil se niega a dar un paso atrás.

Desde la formación de izquierdas insisten en que no basta con la retirada de competencias que ya se aplicó al concejal. Recuerdan que la propia alcaldesa reconoció la gravedad de los hechos hasta el punto de pedirle la dimisión, por lo que consideran incoherente que, siete días después, "todo siga igual": ni ha dimitido, ni ha ofrecido explicación pública alguna sobre lo ocurrido.

El origen del caso: una obra en la calle Roqueo que no coincidía con la licencia

El conflicto arrancó a raíz de una inspección urbanística motivada por una denuncia ciudadana. Agentes de la Policía Local de Conil, acompañados de un técnico de la Delegación de Urbanismo, comprobaron que las obras que se ejecutaban en una parcela de la calle Roqueo número 14 —entre las playas de La Fontanilla y la Fuente del Gallo— no se correspondían con la autorización municipal existente. Al requerir la documentación al trabajador presente en la obra, los agentes constataron que el titular de la licencia era Francisco M. Pareja, es decir, el propio concejal, que además era responsable político de la Policía Local en ese momento.

Según fuentes consultadas por el medio que destapó el caso, el edil "habría tratado de ocultar su segundo nombre, Manuel, y su primer apellido, Almazo, para intentar ocultar su identidad". Los agentes procedieron a levantar la correspondiente denuncia, dando así origen a un expediente sancionador por presuntas irregularidades urbanísticas que ha terminado salpicando directamente al Gobierno municipal.

Tras conocerse los hechos, la alcaldesa actuó retirando a Almazo todas las delegaciones municipales que tenía asignadas: Recursos Humanos, Seguridad, Participación Ciudadana, Estadística, Transparencia y Protección de Datos, Empleo Autónomo y Jóvenes Emprendedores, y Nuevas Tecnologías. Sánchez justificó la decisión en términos contundentes: "Considero que no es conveniente ni responsable prolongar esta situación. La decisión es clara: la revocación de las competencias municipales. Le he pedido además su renuncia al acta de concejal, entendiendo que es importante que no quede ningún tipo de duda ante el tratamiento y la transparencia que se le debe dar a este expediente". Cabe destacar que tanto la alcaldesa como el concejal cesado pertenecen al mismo partido, Andalucía por Sí.

La exigencia de IU: acceso al expediente y una junta de portavoces urgente

Más allá de la dimisión del concejal, IU reclama que se aclaren todas las circunstancias que rodean el caso: si existía licencia de construcción, quién la concedió y la firmó, qué autorizaba exactamente y bajo qué condiciones, y qué informes técnicos y jurídicos respaldan el expediente. La formación considera "fundamental" que esta información se ponga a disposición de todos los grupos municipales, y denuncia que, pese a haber solicitado la visualización del expediente, a día de hoy sigue sin poder acceder a él. Para IU, la transparencia de la que habla la alcaldesa debe traducirse en algo muy concreto: poder conocer el expediente y las actuaciones administrativas realizadas.

En esa misma línea, la coalición ha vuelto a reclamar la convocatoria urgente de una junta de portavoces, en la que el Gobierno municipal explique ante el resto de la Corporación qué ha ocurrido, qué actuaciones se han llevado a cabo y qué medidas piensa adoptar a partir de ahora. IU advierte de que no dará el asunto por cerrado y que seguirá reclamando tanto la dimisión del edil como el esclarecimiento completo de los hechos.

Por su parte, la alcaldesa ha abierto un frente adicional: un expediente de investigación para determinar cómo se filtró a la prensa la información del caso, con datos y fotografías incluidos, apenas 24 horas después de levantarse el acta correspondiente. Sánchez lo explicó así: "Se investigará el hecho de que, en apenas 24 horas después de que se levantara acta, haya trascendido públicamente un expediente municipal con datos y fotografías", y advirtió de que, "si se ha producido alguna irregularidad, se depurarán las responsabilidades que correspondan".

Con dos investigaciones abiertas en paralelo —la urbanística contra el concejal y la interna sobre la filtración— y sin que Almazo haya renunciado a su acta, el pulso político en Conil se mantiene totalmente enquistado. La alcaldesa insiste en que su decisión responde a la voluntad de preservar el correcto funcionamiento de la institución, la seriedad y la transparencia en la gestión municipal, mientras que la oposición reclama hechos, no solo gestos, y un acceso real a la documentación del caso.