Andrea, nombre ficticio, tiene 38 años. Ella y su hija de 12 años deben abandonar este viernes 20 de noviembre la habitación que comparten en el Hostal Gran Plaza, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla. Ambas entidades aseguran que el Ayuntamiento les ha comunicado que, si no se marchan, podrán ser desalojadas por la Policía Local.
Del desahucio de mayo al Hostal Gran Plaza
Madre e hija sufrieron un desahucio en mayo. Después compartieron un piso de titularidad municipal con otra familia que también había perdido su vivienda. A principios de noviembre, los servicios sociales les comunicaron que debían dejar ese alojamiento y trasladarse a un hostal en la zona de Gran Plaza.
Andrea trabaja de forma eventual como limpiadora por horas. Las organizaciones sostienen que la vulnerabilidad de la familia está acreditada y que sus ingresos no le permiten pagar el alquiler de una vivienda ni de una habitación. Afirman que el Ayuntamiento no les ha ofrecido otro alojamiento y anuncian que acudirán el viernes a Gran Plaza para acompañarlas.
Las entidades cuestionan el alojamiento temporal
La Apdha y el sindicato sostienen que el caso refleja la forma habitual de actuar de los servicios sociales municipales. Según denuncian, pagar una o dos semanas de hostal es la única ayuda que reciben las familias sin recursos suficientes tras un desahucio.
Ambas organizaciones también cuestionan el uso de fondos del Plan Estatal de Vivienda. Afirman que el Ayuntamiento los destina a promover viviendas de protección oficial cuyos precios llegan a superar los 300.000 euros, una cifra que consideran fuera del alcance de la mayoría de los vecinos de Sevilla.
También denuncian las dificultades para acceder a viviendas públicas de alquiler social y sostienen que su coste resulta inasumible para las familias con menos recursos.
Andrea, nombre ficticio, tiene 38 años. Ella y su hija de 12 años deben abandonar este viernes 20 de noviembre la habitación que comparten en el Hostal Gran Plaza, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla. Ambas entidades aseguran que el Ayuntamiento les ha comunicado que, si no se marchan, podrán ser desalojadas por la Policía Local.
Del desahucio de mayo al Hostal Gran Plaza
Madre e hija sufrieron un desahucio en mayo. Después compartieron un piso de titularidad municipal con otra familia que también había perdido su vivienda. A principios de noviembre, los servicios sociales les comunicaron que debían dejar ese alojamiento y trasladarse a un hostal en la zona de Gran Plaza.
Andrea trabaja de forma eventual como limpiadora por horas. Las organizaciones sostienen que la vulnerabilidad de la familia está acreditada y que sus ingresos no le permiten pagar el alquiler de una vivienda ni de una habitación. Afirman que el Ayuntamiento no les ha ofrecido otro alojamiento y anuncian que acudirán el viernes a Gran Plaza para acompañarlas.
Las entidades cuestionan el alojamiento temporal
La Apdha y el sindicato sostienen que el caso refleja la forma habitual de actuar de los servicios sociales municipales. Según denuncian, pagar una o dos semanas de hostal es la única ayuda que reciben las familias sin recursos suficientes tras un desahucio.
Ambas organizaciones también cuestionan el uso de fondos del Plan Estatal de Vivienda. Afirman que el Ayuntamiento los destina a promover viviendas de protección oficial cuyos precios llegan a superar los 300.000 euros, una cifra que consideran fuera del alcance de la mayoría de los vecinos de Sevilla.
También denuncian las dificultades para acceder a viviendas públicas de alquiler social y sostienen que su coste resulta inasumible para las familias con menos recursos.
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