La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha expresado su profunda indignación y desconcierto tras conocerse la decisión de la Abogacía del Estado de no ejercer la acusación en el proceso judicial por el asesinato de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, fallecidos el 9 de febrero de 2024 en Barbate después de que una narcolancha embistiera la embarcación en la que participaban durante una operación contra el narcotráfico.
Desde la organización consideran que, aun respetando las decisiones adoptadas en el ámbito judicial, la gravedad del caso debería haber motivado una mayor implicación institucional. Según sostienen, el ataque no solo se dirigió contra los agentes que participaron en la intervención, sino contra la propia institución y el conjunto de la ciudadanía, al tratarse de una actuación destinada a combatir el narcotráfico y proteger la seguridad pública.
Un ataque considerado de los más graves en décadas
La asociación recuerda que lo ocurrido en Barbate constituye uno de los episodios más graves sufridos por la Guardia Civil en las últimas décadas. Dos agentes perdieron la vida y otros resultaron gravemente heridos tras un episodio de violencia extrema vinculado al crimen organizado, lo que, a juicio de la organización, debería implicar una respuesta institucional firme en el ámbito judicial.
En este contexto, Jucil sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de actuar con la máxima contundencia jurídica ante hechos de esta naturaleza. Desde la asociación entienden que la gravedad del ataque y su impacto sobre la seguridad pública justificaban una implicación más directa en el proceso judicial contra los presuntos responsables.
La organización también considera que la decisión adoptada representa una nueva muestra de lo que describe como falta de respaldo institucional desde que se produjeron los hechos. Según su valoración, resulta difícil de comprender que el Estado, al que servían los agentes fallecidos, adopte ahora un papel secundario dentro del procedimiento judicial.
Desde Jucil advierten además de que esta situación puede transmitir un mensaje de desprotección a los guardias civiles que trabajan diariamente en primera línea contra el crimen organizado. La asociación recuerda que los agentes desempeñan su labor en contextos de alto riesgo y subraya que deben contar con el apoyo pleno de las instituciones a las que representan.
La organización ha reclamado finalmente que se esclarezcan todas las responsabilidades relacionadas con el suceso, tanto las de quienes ejecutaron el ataque como las posibles decisiones o circunstancias que pudieron influir en la situación de riesgo extremo en la que se encontraban los agentes. Jucil ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que se haga justicia por la muerte de David Pérez y Miguel Ángel González, en defensa de sus familias y de todos los guardias civiles que desempeñan su labor diaria en condiciones de riesgo.