La Junta de Andalucía ha ejecutado este miércoles la demolición de una vivienda ilegal y el cierre de tres parcelas en suelo rústico en la zona de la Ribera de la Oliva, en Barbate, dentro de un operativo de inspección urbanística desarrollado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. La actuación se produce después de que el propietario de la edificación rompiera el precinto impuesto con anterioridad y continuara las obras pese a la orden de suspensión dictada por la administración autonómica.
La intervención se ha centrado en una vivienda que se encontraba en pleno proceso de construcción en suelo rústico, así como en tres cerramientos perimetrales correspondientes a parcelas que actualmente no cuentan con edificaciones. Según ha informado la Junta, el operativo se ha desarrollado con total normalidad y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la participación de la Policía Local de Barbate, la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y efectivos de la Guardia Civil de la localidad.
Ejecución en Barbate del mayor castigo a la 'ignorancia' urbanística: la demolición, con importante presencia policialhttps://t.co/0rzu75D9Hc pic.twitter.com/idQCvTQ0gV
— lavozdelsur.es (@lavozdelsures) December 17, 2025
Las demoliciones fueron ordenadas tras la tramitación de los correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial, contando además con la autorización judicial de entrada necesaria para ejecutar el derribo de la vivienda. La actuación autonómica tiene su origen en una solicitud del Ayuntamiento de Barbate, que ya en 2021 alertó de la situación irregular existente en la zona y reconoció carecer de medios personales suficientes para hacerle frente, solicitando el apoyo de la inspección urbanística de la Junta.
Durante las actuaciones, la inspección autonómica detectó un crecimiento alarmante en la venta de parcelas, así como la proliferación de mobil homes, todas ellas dotadas de fosas sépticas o con vertidos fecales directos a las marismas del municipio. En una primera visita realizada en diciembre de 2021, se constataron numerosas edificaciones en construcción sin licencia urbanística, calificadas como ilegales e ilegalizables.
Desde entonces, la Junta ha tramitado más de un centenar de expedientes de protección de la legalidad, además de otros tantos procedimientos sancionadores. Paralelamente, se han iniciado actuaciones penales, con la Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente y el urbanismo incoando diligencias de investigación. La Fiscalía provincial de Cádiz ha remitido denuncias a los Juzgados de Instrucción por la construcción de viviendas en suelo rústico sin licencia.