El primer desahucio ejecutado por la empresa pública municipal ROSAM ha desatado una fuerte polémica en Conil de la Frontera, donde Izquierda Unida (IU) acusa al actual gobierno tripartito —formado por Axsí, PP y Siempre Conil— de haber roto con años de políticas sociales centradas en la protección de las familias vulnerables.
Desde IU Conil han expresado su “más profunda preocupación y rechazo” por un hecho que califican de sin precedentes, asegurando que marca un antes y un después en la gestión municipal. A su juicio, este desahucio evidencia “la falta de control social y de transparencia” que, según el partido, caracteriza al actual equipo de gobierno. Lamentan además haberse enterado de lo ocurrido “a través de las redes sociales” y no por los canales institucionales oficiales.
El grupo recuerda que el tripartito decidió expulsar del Consejo de Administración de ROSAM a representantes de partidos políticos, sindicatos, empresarios y asociaciones vecinales, eliminando —según IU— cualquier tipo de participación ciudadana o control democrático sobre la empresa pública. Desde entonces, aseguran, no tienen acceso a información ni pueden participar en la toma de decisiones, por lo que desconocen los motivos que han llevado a desahuciar a una familia con dificultades económicas.
IU subraya que durante su etapa en el gobierno nunca se ejecutaron desahucios a través de ROSAM. En su lugar, se apostaba por el diálogo y la mediación con los servicios sociales para encontrar soluciones. Recuerdan también que en 2012, bajo su mandato, Conil fue declarado “Municipio contra los Desahucios”, un compromiso que, según el partido, “no puede ni debe romperse”. Por ello, exigen al actual gobierno que aclare públicamente los motivos de este desahucio, restablezca la participación social en ROSAM y devuelva la transparencia a su gestión.
La fuerte respuesta municipal
Sin embargo, el Ayuntamiento de Conil ha respondido con dureza a las acusaciones. Desde la Delegación de Servicios Sociales califican las declaraciones de IU como “una manipulación política de un drama personal”. El consistorio confirma que el desahucio se produjo el 23 de octubre de 2025, tras un proceso judicial por impago continuado del alquiler a ROSAM. Aseguran además que tanto los servicios sociales como la empresa pública ofrecieron toda la ayuda posible a la persona afectada antes del lanzamiento.
El Ayuntamiento desmiente que se trate del primer caso en la historia del municipio. Según explican, en legislaturas anteriores se ejecutaron ocho desahucios similares, e incluso algunos sin orden judicial. Además, subrayan que el proceso actual se inició bajo el mandato del anterior gobierno, presidido por el entonces alcalde y presidente de ROSAM, Juan Manuel Bermúdez, de Izquierda Unida.
La delegada de Servicios Sociales, Fuensanta Ureba, lamenta que se esté “utilizando el sufrimiento de una persona para hacer política”, y sostiene que se ha hecho “todo lo posible” para evitar este desenlace. “Durante el mandato anterior hubo varios casos parecidos”, añadió, insistiendo en que IU miente al afirmar que es el primero.
El cruce de acusaciones mantiene en tensión el clima político en Conil, mientras el caso reabre el debate sobre la gestión pública de la vivienda y el papel de los ayuntamientos frente a los desahucios sociales.