El Consorcio de Bomberos tiene externalizado el servicio y los empleados luchan por formar parte de la institución, algo a lo que se niega.
Manolo lleva desde 2001 siendo una de las voces que calma y ayuda a las personas que recurren al servicio emergencia de bomberos. Tizón, que es su apellido, es uno de los trabajadores del 085, que se dedica a la atención telefónica del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz (CPBC). Además de él, otra docena de empleados se encargan de atender las llamadas que reciben y que requieren ayuda. Paloma Gil es compañera suya desde sus inicios, aunque fue despedida, pero la rescisión de su contrato fue anulada por los juzgados, que le devolvieron su puesto de trabajo. Este servicio, aunque adscrito al Consorcio, está subcontratado y lo presta ahora la empresa Qualytel Teleservice, que vio renovada la concesión hace escasamente unos meses, aunque fue un proceso no exento de polémica. Los trabajadores del 085 llevan años luchando para ser empleados del Consorcio de pleno derecho, pero han sufrido más de un revés judicial y la negativa de la institución provincial, que alega motivos económicos y funcionales para negarse a absorberlos.
“El material, luz, agua, limpieza, ordenadores... lo pagamos todo con nuestros impuestos porque los aporta el Consorcio, la empresa solo costea nuestros salarios”, incide Tizón, delegado sindical de CGT, quien señala: “Somos el corazón de los bomberos, pero estamos fuera del cuerpo”. Él es uno de los que denunció al CPBC por posible cesión ilegal de trabajadores a una subcontrata que, llámese Qualytel o Arvato, emplea a los encargados de atender las urgencias de toda la provincia y movilizar a los efectivos del parque de bomberos que se encuentre más cerca. “Cuando nos dimos cuenta empezaron las persecuciones”, insiste. Una de esas “persecuciones” que denuncia la sufrió su compañera Paloma, que fue despedida en junio de 2013, alegando la empresa “falta de disciplina y desobediencia en el trabajo”. “En los últimos meses usted viene discutiendo y no aplicando las órdenes”, recoge la carta de despido, que abundaba en que Paloma “no resuelve los conflictos que surgen en el equipo para mantener un buen clima en el trabajo y no participa en las mejoras operativas y procedimientos establecidos, lo que es constitutivo de falta muy grave”. Así, Paloma, con 50 años, una minusvalía del 43%, un marido invidente y dos hijos, se vio en el paro y sin su principal sustento económico. El despido se recurrió y logró probar que fue improcedente. Pero la lucha continúa.
El Consorcio de Bomberos, por su parte, sostiene que no puede absorber a los trabajadores de la sala de emergencias, como reclaman Paloma y Manuel, porque la operación supondría un aumento del 30% del coste salarial —pasando de 450.000 euros a 583.000, según estimaciones de la propia institución—. La secretaría general apunta que “la integración del personal atendiendo a la normativa administrativa no tiene encaje alguno” y el abogado del Consorcio sostiene: “El servicio de atención telefónica de emergencias posee un perfil específico que requiere unas condiciones especiales laborales y de conocimiento que resultan ajenas a la función de bombero y cuya especificidad obliga a mantener un sistema de contratación a través de empresa externa”. Y añade: “Cualquier concurso público para acceso a puesto de trabajo de nueva creación para la atención de un servicio de emergencias deberá cumplir aquellos principios citados para el acceso a la función publica (…) debiendo concurrir a concurso público con las mismas condiciones que cualquier otro aspirante”.
Los trabajadores, y sindicatos como CSIF, primero, y CGT, después, no son los únicos que han reclamado la integración del servicio en el Consorcio, también grupos políticos como Ganemos Jerez o Sí Se Puede Cádiz, han pedido esto mismo en Diputación, y en el Ayuntamiento de Jerez, sin que se haya llevado a efecto. Las cuentas que hacen estas agrupaciones y los trabajadores no coinciden con las del Consorcio, ya que Ganemos y Sí Se Puede Cádiz creen que, integrando a los trabajadores en la institución, se ahorraría 500.000 euros a las arcas públicas. “Ganemos exige al PSOE provincial altura de miras, capacidad de diálogo y visión de futuro, pues las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras son lógicas, fundamentadas y acabarán siendo positivas para toda la provincia”, señala la agrupación de electores, que vio cómo hicieron oídos sordos a la propuesta y, en abril, se volvió a licitar el servicio para los próximos dos años. “En los informes se indica la imposibilidad de asumir directamente al personal”, se escuda el Consorcio, que alude a dos sentencias, una del juzgado de lo social número 2 de Cádiz y otra de la sala de lo social del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) para justificar la inviabilidad de la medida.
“Nunca pedimos que nos hicieran funcionarios, sino personal laboral”, reseña Manuel Tizón, quien calcula que, aún aumentándoles el sueldo considerablemente —como estima el CPBC—, “seguiríamos saliendo más baratos que lo que cuesta subcontratar el servicio”. Las condiciones laborales, explica Tizón, han empeorado con el paso de los años. “Hay muchos compañeros que se dan de baja, no todo el mundo aguanta este ritmo de trabajo”, relata. El trabajador sostiene que, en 2007, perdieron el juicio “porque la sentencia recoge que todo el soporte informático era de mi empresa, y es mentira”. Y remata: “Hemos llorado de impotencia, de tanta injusticia, de tanto político corrupto, de tanto funcionario servidor de estos políticos, de que nadie que nos ayudara, nadie”.
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