Una extrabajadora del Banco Santander se enfrenta a una posible condena tras ser acusada de defraudar más de 500.000 euros a una cuarentena de clientes en Sanlúcar. La mayoría de las víctimas eran personas mayores o en situación de vulnerabilidad. La investigación, bautizada como Operación Máscara, se inició en 2022 y ha destapado un complejo entramado de estafas perpetradas durante años.
Por primera vez, un familiar directo de una de las afectadas ha ofrecido su testimonio sobre el caso. En declaraciones a lavozdelsur.es expone el infierno que han vivido en los últimos años, en los que llegó a perder más de 50.000 euros de sus ahorros. “Mi madre tenía una cuenta en el Banco de Santander. Esta señora era trabajadora del banco y se ganó su confianza. La visitaba a diario y logró que firmara documentos en blanco y le entregara sus claves personales. Iba a casa de mi madre todos los días, incluso se quedaba a merendar. En la familia no sabíamos nada".
La investigación, coordinada por la Brigada de Policía Judicial de Sanlúcar de Barrameda y supervisada por el Juzgado de Instrucción número 3, culminó con un registro domiciliario en el que fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos supuestamente empleados para cometer delitos de estafa y falsedad documental. La trabajadora, ya despedida, se encuentra en libertad provisional mientras se resuelve el proceso judicial.
"¡Ay, que me lo han quitado todo!"
“Mi madre no salía de casa y esta mujer aprovechó su aislamiento porque estaba pasando por un mal momento personal. Le ingresaban una paga de 3.000 euros y esta mujer solo le dejaba 800. Le sacó dinero en efectivo, le hizo seguros y le sacó tarjetas de crédito. Mi madre decía: ‘¡Ay, que me lo ha quitado todo!’ y comprobamos que le había dejado la cuenta tiritando”, recuerda con indignación la hija. Según su testimonio, fue entonces cuando decidieron denunciar los hechos ante la Policía.
Las pesquisas policiales revelaron un patrón de actuación sistemático: la acusada utilizaba su experiencia profesional y la confianza generada como empleada del banco para operar sin consentimiento en nombre de sus víctimas. Entre las prácticas detectadas figuran la apertura fraudulenta de créditos y la contratación de decenas de pólizas de seguros, muchas veces sin que los afectados tuvieran conocimiento alguno.
“El banco, cuando se enteró, le bloqueó las cuentas a mi madre, le devolvió todos los intereses y las cantidades robadas. Pero los daños morales no se los devuelve nadie. Mi madre ha empeorado muchísimo desde entonces”, denuncia la hija. También sostiene que la acusada mantuvo el engaño incluso tras ser apartada de su puesto. “Ella no le dijo a mi madre que la habían echado del banco. Le decía que seguía trabajando allí, que si la llamaban de la oficina no hiciera caso, que ella se lo iba a arreglar todo”.
Un juicio que va para largo
La entidad financiera afectada ha colaborado desde el inicio de la investigación y ha asumido la reposición íntegra de los fondos sustraídos. Además, ha sido determinante para esclarecer los hechos gracias al trabajo conjunto con sus equipos de Seguridad Bancaria, que proporcionaron las primeras pistas clave a los agentes.
El juicio ya ha sido aplazado en dos ocasiones y se prevé que vaya a prolongarse bastante en el tirmpo porque hay muchas pruebas documentales y muchas partes citadas. "Lo único que espero es que se haga justicia y que esta mujer acabe en la cárcel. Tiene que saberse el daño que se le ha hecho a muchos trabajadores que se han pasado muchos años ahorrando”, concluye la hija de la víctima.