El empresario José Antonio López Esteras pone al Banco Popular y a la consultora PwC ante la Fiscalía por presuntos delitos, entre otros, de apropiación indebida y estafa en la concesión de créditos hipotecarios y en la posterior administración concursal.
El empresario José Antonio López Esteras, propietario de Grupo Jale —que llegó a tener mil empleados y 30 sociedades—, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción especializada en perseguir delitos económicos contra directivos de la consultora PriceWaterhouseCooper y Banco Popular por presuntos delitos de apropiación indebida y de administración desleal y fraudulenta imputable al administrador concursal, además de supuesta estafa y estafa continuada, y un supuesto delito societario. Ya el pasado mes de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz incoaba diligencias previas al administrador concursal Pedro Bautista Muñoz Molina después de la denuncia presentada por el referido empresario, cuyas principales sociedades están en concurso voluntario de acreedores desde hace casi diez años.
La nueva denuncia presentada ahora por López Esteras, consultada por Europa Press, asegura que "desde finales de 2006 la entidad financiera ha estado utilizando a empresas de Grupo Jale, mediante la constitución de Jale Promobys SL, con Inmobiliaria Amuerga y Promobys SL, donde las inversiones realizadas por Jale Promobys superaron los 400 millones de euros, de los cuales el 90 por ciento fueron créditos hipotecarios concedidos por Banco Popular, y aun a pesar de que Grupo Jale sólo era propietario del 50 por ciento de la mercantil, obligaron a ésta última a avalar el cien por cien de préstamos".
En la denuncia, el dueño de Jale indica que "PriceWaterhouseCooper era la auditora de Banco Andalucía y Banco Popular y sin embargo ocultó al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz esta circunstancia al objeto de poder ser designada administradora concursal de cinco de las empresas de Grupo Jale, pues ser auditora de un acreedor es incompatible con el desempeño del cargo de administrado concursal, ya que según los textos definitivos, los créditos del Grupo Popular superaban por varias veces el diez por ciento que la Ley Concursal pone de límite para administrar una empresa".
López Esteras ha apuntado en su denuncia que una vez que el representante de PwC fue nombrado administrador concursal de cinco sociedades de Jale, éste "ordenó cambiar las cerraduras de las oficinas que Inmobiliaria Amuerga (filial del grupo concursado) tiene en El Puerto", y se impidió al propio López Esteras la entrada a esas oficinas, así como a su despacho, "por lo que no puedo aportar pruebas, salvo las pocas que existen en mi portátil". El empresario asegura que "además han abierto otras oficinas y han trasladado la documentación y por lo tanto la única posibilidad de comprobar la veracidad de lo que aquí denuncio son las que constan en varios procedimientos concursales en el Juzgado Mercantil número 1 de Cádiz; en los archivos de Banco Popular; en los archivos de Jale-Promobys SL; y en los de Grupo PromobysS en Tíjola (Almería)".
En la denuncia contra directivos del Popular y de PwC que ha presentado López Esteras les acusa de presuntos delitos de apropiación indebida, de administración desleal o fraudulenta imputable al administrador concursal que disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad, siempre que cause perjuicio económico o realice conductas lesivas a la masa, delito de estafa y estafa continuada, y un supuesto delito societario, cometido por los denunciados, "perjudicando a López Esteras como accionista de Inverluna, matríz del Grupo Jale".