El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado una sanción de 115.773 euros impuesta a un propietario de El Palmar, en Vejer, por presuntos actos de parcelación urbanística ilegal en suelo rústico. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, estima por completo el recurso presentado contra la actuación de la Junta de Andalucía.
El fallo, fechado el 17 de julio y notificado en las últimas horas, sostiene que la administración autonómica carece de legitimidad para imponer este tipo de sanciones en sustitución de los ayuntamientos. Según el tribunal, no existe una norma que atribuya expresamente a la Junta competencias para actuar por subrogación en materia de disciplina urbanística.
La resolución tiene un impacto relevante, ya que cuestiona la legalidad de numerosos expedientes tramitados por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio durante los últimos años. Estas actuaciones se habían desarrollado de forma subsidiaria ante la supuesta inacción de los gobiernos locales.
En este caso concreto, la sanción anulada fue impuesta a un particular por dividir parcelas en suelo rústico en la zona de El Palmar, una práctica que la administración andaluza viene persiguiendo intensamente. Sin embargo, el TSJA entiende que la Junta no tiene base legal para intervenir cuando no lo hace el ayuntamiento correspondiente.
El tribunal subraya que las competencias sancionadoras en disciplina urbanística corresponden de forma exclusiva a los ayuntamientos. La Junta, según la sentencia, no puede sustituirlos en este ámbito sin un respaldo normativo claro que lo justifique.
Un precedente "de gran calado"
Desde el despacho jurídico que ha llevado la causa, se interpreta la decisión como un precedente de gran calado. El abogado Borja Grandal, que ha representado al afectado, considera que esta sentencia podría abrir la puerta a una revisión masiva de sanciones similares impuestas en toda Andalucía.
Para los juristas implicados, este pronunciamiento supone una victoria clave en la defensa de los derechos de los propietarios y refuerza el papel de los entes locales como garantes del control urbanístico. La sentencia pone en duda la política sancionadora desplegada por la Junta en suelo no urbanizable.
En los últimos cinco años, la administración autonómica ha multiplicado los procedimientos contra parcelaciones ilegales en zonas rurales, en muchos casos en municipios donde no se actuaba desde el ámbito local. La resolución del TSJA podría limitar seriamente este modelo de intervención.
Se trata, según fuentes jurídicas, de un fallo con implicaciones jurídicas y políticas que podría marcar un antes y un después en la gestión urbanística del suelo rústico en Andalucía. A partir de ahora, cada expediente sancionador promovido por la Junta sin intervención previa municipal podría ser objeto de impugnación.
La opinión de la Consejería de Fomento
"La sentencia del TSJA no afecta ni a las órdenes de demolición ni a los precintos que está llevando a cabo la Junta de Andalucía para hacer cumplir la legalidad territorial y urbanística. Ni siquiera afecta a las sanciones económicas, salvo las aquellas anteriores a la entrada en vigor de la ley LISTA (diciembre de 2021)", señala la Consejería de Fomento, que resume diciiendo que "no afecta a la legislación vigente ni a la política de inspecciones y sanciones que está llevando a cabo la Junta en materia urbanística".
"Esta sentencia es consecuencia de las lagunas y carencias que tenía la legislación anterior (LOUA), donde el artículo que regulaba las competencias de la Junta fue anulado por sentencia del Tribunal Constitucional en 2015", añade.
"Con la Lista y su reglamento se han resuelto estos problemas y, de hecho, los tribunales han confirmado en varias sentencias la competencia de la Junta de Andalucía para sancionar dentro del marco de competencias. Durante 2025, el 90% de sentencias confirman las multas, sanciones, precintos y órdenes de demolición impuestas por la inspección autonómica. Por lo tanto, esta sentencia no afecta en nada al trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía con el refuerzo de la inspección urbanística y la imposición de sanciones", finaliza.