Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz ha denunciado el cierre del camino público del Quejigalillo, situado en el término municipal de Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, al haberse instalado una cancela y carteles en la finca Las Albarradas, donde se cría ganado caprino —cabras de raza payoya—, que impiden el tránsito ciudadano. La organización ha dirigido su queja tanto al Ayuntamiento como a la dirección del Parque Natural.
Según sostiene la entidad, se trata de un nuevo episodio en el proceso de cierre y usurpación de caminos públicos, que viene produciéndose en la zona “ante la inacción” de las administraciones responsables. Ecologistas señala que este mismo propietario mantiene también cerrado el camino público del Puerto de Boyar al Salto del Cabrero, otro conflicto sin resolver.
El inventario municipal de caminos, paralizado desde 2019
Los caminos públicos son bienes de dominio público municipal cuya titularidad atribuye la legislación a los ayuntamientos, que están obligados a inventariarlos y protegerlos. En este caso, el Inventario de Caminos Públicos de Grazalema, elaborado en 2019 y financiado por Diputación, incluye 61 vías históricas, entre ellas el Quejigalillo. Sin embargo, el consistorio no ha culminado el proceso de aprobación ni su inscripción en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, lo que dificulta su defensa frente a cierres o apropiaciones.
La organización recuerda que esta falta de ejecución administrativa facilita que determinados propietarios restrinjan el paso en vías utilizadas tradicionalmente para comunicar núcleos rurales, con un valor natural, etnológico e histórico consolidado a lo largo del tiempo.
Ecologistas pide retirar la cancela y garantizar el tránsito público
El colectivo denuncia además la instalación de carteles que advierten del supuesto carácter “particular” del camino y del riesgo por “actividad cinegética”. Ecologistas señala que la Ley 2/2003 de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía establece que los caminos públicos son “zonas de seguridad” en las que debe garantizarse la integridad física de las personas, quedando prohibido el uso de armas de fuego hacia dichas vías.
Por todo ello, exige al Ayuntamiento de Grazalema y a la Junta de Andalucía que se retire la cancela, se elimine la señalización y se garantice el tránsito público. También solicita aprobar y registrar el inventario de caminos para blindar el uso ciudadano y evitar nuevos cierres.
